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CASI 15.000 MURCIANOS AVALAN UN CAMBIO DRÁSTICO EN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES
La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha superado superado las 10.000 firmas necesarias para que la proposición de Ley para la Protección de Espacios Naturales sea discutida en la Asamblea Regional. Tras un amplio debate social y político, la Asamblea Regional de Murcia aprobó la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Protección y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, con la delimitación precisa de los espacios naturales de la Región, remitiendo a instrumentos y planes diversos la ejecución de su desarrollo. Pero, tras la aprobación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, materializada posteriormente en el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, mediante decreto legislativo 1/2005, de 10 de julio, la Disposición Adicional Octava redelimitaba esos espacios.
El texto literal dice: “Los límites de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la Disposición Adicional Tercera y Anexo de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000”. Lo cual suponía equiparar los límites de los espacios naturales a los de las ZEPA (Zona de especial protección de aves) y LIC (Lugares de interés comunitario), o, lo que es lo mismo, dejar fuera del ámbito de protección más de 15.000 hectáreas de lugares tan emblemáticos como la Marina de Cope y el Valle-Carrascoy. Además, por el Decreto 57/2004, de 18 de junio, se aprobaban las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral (hoy recurridas), nuevo marco legislativo que deja gran parte de la costa murciana al albur de los intereses de especuladores de toda laya y de las constructoras. El golpe decisivo a la política mínimamente garantista que supuso la Ley 4/1992 estaba dado y, con él, quedaba abierta la posibilidad de desprotección y entrega de territorios vírgenes de la Región a la voraz especulación urbanística que padecemos.
Advertencias del CES
En pleno proceso de la campaña de recogida de firmas de la ILP, un organismo nada sospechoso de su vinculación partidista como el Consejo Económico y Social de la Región (CES) ya advertía de la excesiva escora hacia el urbanismo depredador que venían practicando las distintas administraciones de la Región. En un informe titulado ‘Ordenación del territorio en la Región de Murcia’, el CES nos advierte que, aunque un 53% del suelo regulado por las Directrices del Litoral está sujeto a ordenación, queda un 47% del territorio para el que el POTL no establece criterios de ordenación directa.
El documento pone el acento en el crecimiento urbanístico previsto a medio plazo, con unas 300.000 nuevas viviendas que incrementarían la población en un millón de habitantes. Estas actuaciones generarían más desequilibrios territoriales. En el capítulo 9, titulado ‘Síntesis general y propuestas básicas’ se resume la problemática general del estudio y se aportan ideas generales. Se afirma, por ejemplo, que “existen profundos retos y debilidades debido al desfase entre una intensa tasa de ocupación del espacio y las capacidades del sistema regional para afrontar un desarrollo acelerado”. Y respecto de la polémica desatada en zonas como la Zerrichera, el estudio es claro al respecto: “Un aspecto particular que conviene someter a una crítica sincera, razonada y prudente es el de ciertos mecanismos de liberalización del suelo, con efectos importantes en cuanto al suelo rústico”.
En la formulación de esas políticas tienen mucho que ver las actuaciones municipales. Y tampoco éstas escapan de las críticas del CES: “La ordenación territorial basada principalmente en decisiones de ámbito municipal puede comprometer la coherencia de nuestro progreso económico y social por diversas razones […]. Las corporaciones locales utilizan los recursos financieros a corto plazo, derivados de la reclasificación del suelo, como alternativa a sus agudos déficits financieros”. Para añadir a continuación: “La gran demanda de suelo para nuevos desarrollos provoca que el suelo rústico se revalorice intensamente en términos económicos, con menoscabo de otros sectores como el agrícola y el ganadero”. El CES sugiere que para los aspectos más básicos y esenciales del uso sostenible del territorio debe alcanzarse un “consenso sujeto e criterios de interés general” con vistas a “promover un desarrollo económico, social y medioambiental duradero” para lo que es preciso “un auténtico proceso de participación pública” para la elaboración de unas nuevas Directrices de ordenación del territorio regional que incluyan el medio rural murciano, lo que permitiría “engarzar de forma adecuada las zonas con mayor nivel de conservación con aquellas otras de mayor nivel de transformación urbanística”.
Presentación de la ILP
A instancias de Izquierda Unida de la Región de Murcia, se redactó una Iniciativa Popular para la Defensa del Litoral, con el subtítulo más concreto de ‘Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Protección de Espacios Naturales de la Región de Murcia’, y que fue presentada en rueda de prensa en el Palacio del Almudí de la capital murciana el pasado 25 de abril por algunos de los miembros de su Comisión Promotora [1], compuesta por personas vinculadas a Izquierda Unida, el Foro Social, el Foro Ciudadano, ANSE, Ecologistas en Acción, Prolitoral, etc. En dicha rueda de prensa, Martín Rodríguez, miembro de AMACORA y de la Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa del Litoral, recordó que en 2005 esta Asociación ya presentó un recurso administrativo, admitido a trámite, y una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, pues las Directrices del Litoral se aprueban sin el preceptivo informe del Consejo Jurídico de la región e “invaden competencias estatales de zonas de dominio público hidráulico y costas” en zonas como La Marina de Cope y en las ramblas de la Región. Para Martín, estas directrices “conducen a una modificación de usos y modos de vida” y nacen en clara “connivencia del Gobierno Regional con los Ayuntamientos de Lorca y Águilas”. Anunció, asimismo, las actuaciones llevadas a cabo en contra de la autopista de peaje Cartagena-Vera, ya en avanzado estado de ejecución.
Julia Martínez, presidenta de Ecologistas en Acción, decía que estamos asistiendo a una clara estrategia de desordenación del territorio, desde la Ley del Suelo de 2001, a la que definió como “la guinda del pastel”, y denunció la perversión de la disposición adicional octava de este texto legal que “equipara los límites de los espacios protegidos a los límites de las ZEPA (zonas de especial protección de aves) y LIC (lugares de interés comunitario)”, por lo que, añadió, “más de 15.000 hectáreas quedan sin protección”, como la Marina de Cope y Carrascoy-El Valle, desapareciendo literalmente el espacio protegido de Barranco de Gebas. Recordó que el PSRM-PSOE ya presentó en 2001 un recurso de anticonstitucionalidad sobre este texto. Además, la aprobación en 2004 de las Directrices del Litoral ha supuesto la declaración de urbanizables de amplias zonas costeras. Ilustró sus denuncias con ejemplos tales como el intento de desprotección de zonas del parque regional de Calblanque-Monte de las Cenizas, a instancias de Portman-Golf, las obras de Puerto Mayor, en las que, a su juicio, “el Gobierno regional actúa de bufete privado de Tomás Maestre” y, finalmente, la Zerrichera, en Águilas, actuación urbanística “plagada de irregularidades jurídicas”.
A su vez, José Antonio Pujante, coordinador regional de IURM, calificó de depredador el modelo urbanístico regional y, basándose en un reciente artículo de Gil Calvo, definió asimismo el modelo económico como desequilibrado, por “la hipertrofia de la construcción como monocultivo industrial nacional”. Pujante defendió un modelo alternativo y sostenible que potencie el I+D+i, la Educación, la Sanidad, etc. Respecto de la conveniencia de la ILP, José A. Pujante enfatizó la “necesaria implicación de la ciudadanía en la misma, por el carácter irreversible de las actuaciones que se están llevando a cabo”. Justificó, además, esta iniciativa popular en que “hemos de atacar la interpretación mercantilista del suelo”. Finalmente, poniendo como ejemplo las reflexiones de Gil Calvo, Pujante dejó caer la posibilidad de abrir un debate sobre la necesidad o no de que, vista la actual situación urbanística, el Estado recupere las competencias de la ordenación del territorio, y recordó que la figura jurídica del SIDU (suelo inadecuado de desarrollo urbanístico) paradójicamente está detrás de los episodios de recalificaciones masivas de suelo a que estamos asistiendo.
Finalmente, Paco Morote, portavoz del Foro Social, recordó que la ILP que se presentaba ante la ciudadanía murciana es el único mecanismo de participación popular directa que permite el actual Estatuto de Autonomía de 1982, por lo que, dijo, “hay que tener en cuenta este dato a la hora de presentar propuestas para la reforma del mismo”.
Anuncio de las firmas en rueda de prensa
Tras unos intensos meses de trabajo por toda la Región, la Comisión Promotora anunció, en rueda de prensa, el pasado jueves día 19, que se habían superado las 10.000 firmas necesarias para el debate de la ILP en la Asamblea Regional. En nota de prensa que reproducía ‘La Verdad’, Héctor Quijada, portavoz de Ecologistas en Acción, se felicitaba por la iniciativa, recordando que “la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en Defensa de la Protección de los Espacios Naturales en la Región ha conseguido 4.700 firmas más de las 10.000 requeridas para llevar a la Asamblea Regional una propuesta de derogación de la Ley del Suelo y la directrices de ordenación del litoral, aprobadas por el Gobierno murciano”.
Al respecto, Quijada calificó ambas normativas como «dañinas» para el medio ambiente murciano, y recordó que el objetivo de la iniciativa «es proponer que se vuelva a establecer la protección que había antes». En este sentido, resaltó que «esto se ha conseguido con la firma de muchos murcianos que se suman a las diferentes iniciativas que, desde hace más de un año, se ven en la sociedad murciana» y que, a su juicio, «reflejan las ganas de frenar el deterioro causado por la especulación urbanística». Quijada hizo referencia, en primer lugar, a la Ley 4/1992 por la que se estableció «la protección de los espacios naturales murcianos como el de Sierra Espuña o Calblanque» aunque puso de manifiesto que «con la desprotección, de un plumazo, del Gobierno regional a través de la aprobación de la Ley del Suelo en 2001, desaparecieron por completo 15.000 hectáreas, muchas de ellas en la zona de costa».
Así, citó como ejemplo más llamativo el caso de Marina de Cope, «una zona donde actualmente se proyecta uno de los complejos urbanísticos más grandes de Europa». De igual modo, dijo, la ILP pretende «derogar» las directrices del litoral, «bastante dañinas». Quijada destacó, por ello, la «gran mentira» que suele repetir el Gobierno murciano «incansablemente» en anuncios publicitarios sobre estas directrices. «Dicen que no se puede construir a menos de 500 metros de la costa» lo que, en su opinión, «es falso». «Estas directrices del litoral, dentro de esos 500 metros de la costa, dan cabida a numerosos proyectos urbanísticos y, si bien no se pueden construir viviendas, sí que da cabida a hoteles, puertos deportivos, campos de golf, paseos marítimos y cualquier tipo de infraestructura en la costa», aseveró. Por su parte, el coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, explicó que a continuación el trámite previsto es el debate en la Asamblea Regional.
A su vez, la propia Comisión Promotora elaboró un Comunicado de Prensa suscrito por Paco Morote y Antonio Campillo que reproducimos literalmente:
“La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa de los Espacios Naturales de la Región de Murcia, y en especial para la recuperación como espacios protegidos de Marina de Cope y el Valle-Carrascoy, comunicamos a la sociedad murciana que hemos presentado ante la Junta Electoral 14.700 firmas que avalan nuestra proposión. Dado que el mínimo legalmente exigido es de 10.000, esta propuesta habrá de ser debatida en la Asamblea Regional. De esta forma, la ciudadanía murciana podrá comprobar si el despliegue publicitario y la paralización temporal de diversos proyectos que implican graves agresiones medioambientales por parte del Gobierno Regional es una mera estrategia propagandística, hasta que pasen las elecciones de la próxima primavera, en cuyo caso el Partido Popular rechazará la ILP, o si se trata de un cambio real de actitud, en cuyo caso tendría que darle su apoyo.
En cualquier caso, cabe resaltar que se trata de un hito importante, ya que es la segunda ILP que llega a la Asamblea en la corta historia de la Autonomía Murciana”.
Para celebrar la consecución de este objetivo, la Comisión Promotora invitaba a la presentación en Murcia de la comedia-denuncia “El Master de Cái”, que se escenificó el viernes, día 20, a las 8.30 horas de la tarde, en el Centro Puertas de Castilla de Murcia, a cargo de la Compañía de Comedias ‘Cojodenudo’ de Lorca. En esta divertida obra, narrada por el representante de la tercera generación de una familia afectada por las actuaciones urbanísticas sobre su terruño agrícola (su ‘cornijal’), se denuncia el impacto que tiene, tanto para la vida de las personas como para el medioambiente, la corrupción urbanística que padecemos.
A mover ficha
Es de suponer que, a su paso por la Asamblea Regional, el texto de la ILP va a sufrir avatares diversos. Para empezar, es muy improbable que el PP -pese a la moratoria anunciada en la finca de la Zerrichera por el nuevo titular de la Consejería de Medio Ambiente, Benito Mercader, y que obedece más a fines electoralistas que a una sincera rectificación de la política medioambiental practicada por su antecesor, Marqués,- vote afirmativamente la ILP. Lo que vaya a hacer el PSRM-PSOE es una incógnita. El PSRM-PSOE se mueve entre contradicciones: por un lado, y muy recientemente, acabamos de asistir a la presentación por parte de José Blanco, secretario de Organización, del decálogo de buenas prácticas urbanísticas. Prácticas que, en demasiados casos, son desconocidas por muchos de sus ediles y alcaldes en toda la geografía regional. Pero, por otra parte, y precisamente porque estamos en tiempos preelectorales, el PSRM-PSOE debe mover ficha y desmarcarse de esas prácticas, si quiere tener opciones de ser una seria alternativa política. Es probable, pues, que apoye –o, cuando menos, que no frene con su voto en contra- la iniciativa, consciente de que, a fin de cuentas no va a prosperar en la Asamblea Regional, en virtud del rodillo de la mayoría parlamentaria del PP.
En cualquier caso, ocurra lo que ocurra en la Asamblea, esta ILP, la segunda en la corta historia de la Asamblea Regional, marca un hito –junto, indudablemente, con las movilizaciones registradas en la calle- en la movilización ciudadana y en las prácticas de la democracia directa.
Texto íntegro
Para las personas que no hayan tenido acceso al texto que se lleva a debate a la Asamblea, y que ha recibido el respaldo con su firma de 14.700 ciudadanos y ciudadanas de la Región, VMPress les ofrece el texto integro.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En las últimas décadas se han producido diversos intentos de materializar usos incompatibles con la protección ambiental en los escasos kilómetros de litoral virgen de la Región de Murcia, muy significativamente en el espacio costero de Calnegre-Cabo Cope. Tras un amplio debate social y político, la Asamblea Regional de Murcia aprobó la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Protección y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia; estableciendo, por vez primera en nuestra Región, una delimitación precisa de los espacios naturales de la Región, con una remisión a instrumentos y planes diversos para su efectivo desarrollo.
Iniciativa Popular para la defensa de nuestro litoral
Iniciativa Legislativa Popular
Transcurrida más de una década desde la entrada en vigor de aquella Ley, el desarrollo de los instrumentos y planes de ordenación de los recursos naturales ha sido muy deficiente, y se ha visto afectado en gran medida con la aprobación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, y su disposición adicional octava, redelimitando los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia que como tales figuraban en la Disposición Adicional Tercera y Anexo de la precitada Ley 4/1992. A esa Ley Regional del Suelo habría que añadir los diversos instrumentos normativos y las acciones políticas encaminadas a la desprotección de los espacios litorales protegidos en nuestra Región, entre ellos y muy destacadamente, las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, cuya oportunidad, contenido y previsibles efectos, han sido ampliamente cuestionados por instituciones científicas, consejos consultivos, organizaciones de defensa ambiental, agricultores, etc., entendiendo que las mismas atentan contra el derecho constitucional al medio ambiente al implicar la destrucción de espacios hasta entonces protegidos atendiendo a criterios científicos, ambientales, paisajísticos, culturales, etc.
La necesidad de preservar la riqueza ecológica y ambiental de esos espacios litorales, y de atender a los antes mencionados criterios como ejes vertebradores de las políticas que afectan al medio ambiente de la Región de Murcia, han sido elementos centrales de una creciente y nutrida movilización ciudadana que reclama un giro en la política ambiental, y su correlativo ordenamiento jurídico, que garanticen esa preservación de unos espacios limitados y frágiles que debemos proteger.
Art. 1. Queda derogada la Disposición Adicional Octava del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la región de Murcia. Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones de igual, o inferior rango, hubieren sido aprobadas al amparo de lo establecido en dicha Disposición y, especialmente, el Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.
DISPOSICIONES FINALES
Primera:
La presente ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Segunda:
Se faculta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
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