OPERACIÓN TÓTEM: La Audiencia imputa ocho delitos al alcalde de Totana y confirma su prisión

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El Ayuntamiento tiene paralizados 70 convenios por los que recibió 16 millones
"Como haya que devolver el dinero, iremos a la quiebra", comentó el regidor
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 22/12/2007


El anterior alcalde del Ayuntamiento de Totana (Murcia), el hoy diputado regional del PP Juan Morales, firmó durante su mandato unos 70 convenios urbanísticos por valor de 65 millones de euros. "Ingresar dinero rápido en los ayuntamientos a golpe de convenio" es, según fuentes jurídicas, un sistema muy habitual.


Pero el dato de Totana adquiere relevancia ahora por dos razones. Primero, porque Morales está siendo investigado por su presunta participación en la trama de corrupción urbanística destapada por la unidad de élite de la Guardia Civil, la UCO. Los responsables de la investigación sospechan que para firmar al menos uno de esos convenios, el ex alcalde llegó a exigir al constructor tres millones de euros.

Pero la cifra también es importante porque los promotores llegaron a adelantar, tras la firma de los convenios, unos 16 millones de euros, que el municipio deberá devolver si los planes llegaran a anularse. Por cada convenio firmado, el Ayuntamiento tenía por costumbre pedir a la otra parte por adelantado un 25% del dinero total establecido por la recalificación. El resto, una vez aprobado el Plan de Ordenación Urbana y hecha la recalificación. Todo se ha venido abajo, ya que el planeamiento urbanístico de Totana ha sido paralizado por la Comunidad de Murcia.

En el marco de la Operación Tótem, la Guardia Civil captó una conversación entre el actual alcalde, José Martínez Andreo, también del PP, y que está encarcelado por su presunta participación en la trama, y un amigo suyo. En ella Martínez expresaba su preocupación por el dinero adelantado: "Si las arcas sobreviven es gracias a los convenios. Como el plan general no salga y haya que devolver el dinero que nos han adelantado, el Ayuntamiento irá a la quiebra", afirmó.

El comentario, grabado, forma parte de las conversaciones interceptadas al alcalde y que figuran en las diligencias de la trama urbanística de Totana, que ya se salda con 13 detenidos.

Según fuentes jurídicas, otras conversaciones interceptadas al alcalde revelan que éste mezcla sus intereses privados con los públicos. Por el tono de sus conversaciones con terceros, algunos de ellos beneficiarios de recalificaciones, se observa que Martínez Andreo no distingue sus negocios privados de la gestión municipal.

"Maneja el Ayuntamiento como si fuera su propia economía familiar", señalan los citados medios.


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La Audiencia imputa ocho delitos al alcalde de Totana y confirma su prisión
El gobierno murciano no ve motivos para asumir la gestión del urbanismo

TONO CALLEJA - Totana - 22/12/2007

La Audiencia Provincial de Murcia ratificó ayer la prisión incondicional contra el alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), el único de los 13 detenidos por una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio murciano que permanece en la cárcel. La justicia investiga si el regidor favoreció a amigos suyos cediéndoles suelo municipal a cambio de que éstos beneficiasen al municipio, cosa que no hicieron.

El Ayuntamiento, del PP, considera "desproporcionada" la decisión judicial
Los magistrados de la Sala acordaron ayer, tras dos días de deliberaciones, desestimar el recurso de apelación de la defensa de Martínez Andreo "pues los hechos que se refieren revisten apariencia delictiva y son presuntamente constitutivos de, al menos, los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, de omisión del deber de perseguir determinados delitos, y falsificación de documentos públicos".

Fuentes de la investigación elevan el número de infracciones penales que se achacan al alcalde hasta ocho, añadiendo los presuntos delitos de cohecho, falso testimonio (al mentir presuntamente ante un juez sobre un convenio de unas obras de un colegio), malversación (al negociar contratos a bajo precio) e infidelidad en la custodia de documentos públicos (al tener presuntamente documentación del ayuntamiento en su casa y tratar de destruirla). El auto sostiene que existen "indicios razonables de la participación de Martínez Andreo en la ejecución de los delitos, según se desprende de las pruebas que se refieren en el auto reservado".

Además, los jueces sostienen que, al estar el proceso en la fase inicial de investigación, con la prisión se impide que el alcalde "interfiera, oculte o destruya las fuentes de prueba". La medida trata de que no se repita un intento de destruir documentos.

El portavoz del Gobierno murciano, Juan Antonio de Heras (PP), advirtió ayer que para "intervenir las competencias urbanísticas de un ayuntamiento hay que tener no sólo muy contrastados los hechos, sino que tienen que ser reiterados y especialmente graves". En su opinión, "hasta ahora no hay suficientes causas o indicios como para poder actuar de una forma tan contundente".

El portavoz del Gobierno municipal en Totana, José Antonio Valverde Reina (PP), leyó un comunicado en el que consideró "desproporcionada" la decisión del tribunal. Valverde, acompañado por 11 miembros del equipo de gobierno municipal, compareció en el salón de plenos acompañado por una silla vacía que, según dijo, representa el apoyo que muestran a Andreo.

En Totana hay dos tramas urbanísticas. La primera afecta al empresario Manuel Núñez y al diputado del PP en Murcia Juan Morales por una gran recalificación de suelo rústico. Morales, antecesor de Martínez en la alcaldía, ha sido expulsado del PP. La segunda afecta al actual alcalde.

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LA VERDAD
OPERACIÓN TÓTEM
Valcárcel considera que "no estamos para bailar una jota" y muestra su "decepción e indignación"
El presidente del Ejecutivo murciano advierte que "no estamos dispuestos a que uno, diez o los que sean contaminen por hechos como estos"

El presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, afirmó hoy, ante la posibilidad de que Juan Morales pueda ser detenido cuando pierda su condición de aforado y que la Guardia Civil practique más detenciones en la Región, que "no estamos para bailar una jota", al tiempo que dijo que son cuestiones que "preocupan, duelen", además de que "actitudes como ésta [en referencia a Morales] nos decepcionan e indignan".
"No es una cosa que produzca ni mucho menos alegría, ni tan siquiera indiferencia", recalcó Valcárcel, quien puso de manifiesto, por ello, "que el PP tiene casi 700 cargos electos en la Región, y gobierna en algo más de una treintena de ayuntamientos de los 45 que configuran toda la Administración Local".
No obstante, reconoció, en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Europa Press, que "es cierto que ahora se está ante un caso del que se acusa de haber tomado dinero de forma ilícita"; una acusación que tachó de "grave", ya que, subrayó, "a partir de, por lo visto, la trascripción de las cintas que se han podido grabar a esa persona [en referencia a conversaciones de Morales], está claro que el PP no puede perder un segundo en apartarla y exigirle ese acta, además de ir en su contra en el momento en el que se abra causa".
Así, advirtió que "en el momento en el que se abra proceso contra esa persona, el primero que va a estar en la acusación, porque nos vamos a personar, será el PP", porque, aseveró, "no estamos dispuestos a que uno, diez o los que sean contaminen por hechos como estos".
En esta misma línea, argumentó que "no hemos esperado ni un sólo segundo para apartar a esa persona del PP y, en segundo lugar, exigirle el acta de diputado, dado que entendemos que aunque por ley sea suya, moralmente corresponde al partido por el que se ha presentado".
A preguntas de Juan Ramón Lucas en el programa de RNE 'En días como hoy' de qué hará el partido con el resto de militantes que están imputados en el caso, el presidente del Ejecutivo murciano precisó que "las imputaciones no dejan de ser simplemente una acusación hacia una persona que ahora queda por ser escuchada por un juez, abrir un proceso y el juez determinar mediante sentencia".
"Luego las imputaciones que se han producido, [de hecho] Morales no está ni tan siquiera imputado, están haciendo referencia a casos administrativos y no, ni mucho menos, a cohecho, que alguien se ha llevado el dinero", reprobó Valcárcel, quien hizo referencia a un "caso reciente en donde a un concejal del PP se le hizo una auténtica persecución política y de otra índole [en referencia al ex-concejal de Medio Ambiente de Molina de Segura, Luis Gestoso]".
Al respecto, recordó que "fue imputado pero teníamos plena confianza en esa persona y al final vio como su caso quedaba archivado".
Opinó, por ello, que "si hubiésemos apartado por una mera imputación de carácter administrativo, no de otra índole, a esa persona del PP, se le hubiera destrozado humanamente y hubiéramos hecho justicia cuando todavía la justicia no se había producido". "Hay que ser muy cauto", concluyó.

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LA VERDAD.ES 19-12-2007
REGIÓN MURCIA

Detienen en el aeropuerto de Barajas a otro intermediario de la presunta trama de Totana

Interrogan a cinco policías municipales de la localidad y queda imputado uno de ellos

M. BUITRAGO

La Operación Tótem sigue abierta con más detenidos e imputados. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) prosiguen con las investigaciones sobre la presunta trama de corrupción en Totana, las cuales han llevado a la detención en Madrid de otro presunto implicado, según ha podido saber La Verdad de fuentes del caso. La nueva detención trascendió ayer y se produjo en el aeropuerto internacional de Barajas. Hasta ahora se sabe que el detenido responde al nombre de Emiliano y que pudo actuar como presunto intermediario en operaciones ilícitas. Con éste, son dos las personas detenidas en Madrid en el transcurso de esta operación. El primero fue el empresario J.A.C., que quedó en libertad sin fianza. Otras dos detenciones tuvieron lugar en Nigrán (Pontevedra) y el resto en Totana y Murcia.Supuestamente, Madrid es el lugar donde iba a realizarse el pago de algunas de las comisiones ilegales pactadas a cambio de favorecer proyectos urbanísticos en Totana, en concreto el del grupo gallego Nuaria, que pretendía construir hasta 5.000 viviendas en la pedanía de El Raiguero. Según se publicó la semana pasada, una de las personas que había pactado el cobro de un millón de euros era el diputado regional y ex alcalde Juan Morales, extremo que negó días después su abogado, José María Caballero, aduciendo que su cliente no había sido grabado por la Guardia Civil, ya que no había hablado de este asunto.Con el último arrestado en Madrid son ya trece las personas detenidas desde el pasado día 26 en el transcurso de la Operación Tótem, de los que sólo está en prisión el alcalde, José Martínez Andreo, al margen de la decisión que se tome sobre este último implicado. El resto, excepto uno, han abonado sus fianzas que han oscilado entre 20.000 y 150.000 euros y deben presentarse periódicamente ante la juez del caso.InterrogatoriosAdemás de esta detención, también han sido citados a declarar en los últimos días a cinco policías municipales de Totana en relación con los hechos que se investigan. Uno de ellos ha quedado imputado, según explican las mismas fuentes. El interrogatorio puede estar relacionado con la actividad del jefe de esta unidad, Alfonso Canales.Como se sabe, entre los detenidos de la Operación Tótem figura el jefe de la policía Local de Totana, Alfonso Canales. Fue arrestado el jueves día 29 y puesto en libertad al día siguiente. Según apuntaron días después fuentes de la investigación, en una caja fuerte controlada por éste se encontraron varios expedientes que podían estar relacionados con los hechos que se investigan. Los delitos que la juez instructora Asunción Navarro imputa a los detenidos son los de prevaricación tráfico de influencias, cohecho, violación de la correspondencia, falsificación de documento público, blanqueo de capitales y no persecución de delitos, entre otros. La polémica arrecia en Totana mientras la localidad sigue dividida entre partidarios y detractores del actual alcalde, Martínez Andreo, que sigue ostentado el cargo desde la prisión. El ex alcalde, Juan Morales, sigue sin aclarar cuál será su futuro, mientras la Asamblea Regional acordó el lunes su paso al Grupo Mixto, una vez consumada su expulsión del grupo parlamentario del Partido Popular. Sobre él recaen sospechas de cobro de comisiones ilegales, aunque en todo caso la investigación se mantiene bajo secreto de sumario.