Un jurista sin adscripción a ninguna asociación profesional y de independencia garantizada, es decir, sin ataduras morales ni personales con el establishment inmobiliario, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia, nombramiento que se hará efectivo el próximo martes, en la reunión del Pleno del Consejo Fiscal, según fuentes jurídicas.
Al margen de los casos acumulados y en tramitación que lleva el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, probablemente la primera tarea específica del nuevo fiscal anticorrupción será la de investigar un asunto que el PSOE le pondrá sobre la mesa y que será el caso político por excelencia, conectado con la administración y la trama marbellí de la ‘Operación Malaya’: la recalificación y el proyecto de urbanización de la finca Lo Poyo.
Con esa finca, la última zona virgen en la ribera sur del Mar Menor y lindante con un espacio protegido del mismo nombre, en el que se pretende construir un complejo turístico-hotelero con al menos 7.000 viviendas, aparecen históricamente relacionados directa e indirectamente una pléyade de personajes políticos y negociantes digna de la mejor crónica de sociedad.
Así, figuran en primer plano un diputado nacional, Andrés José Ayala, ex abogado urbanista e íntimo de Federico Trilllo-Figueroa Martínez-Conde, ex ministro de Defensa; Tomás Olivo, promotor/constructor cartagenero emigrado a Marbella, donde es, ha sido y seguramente seguirá siendo socio de Juan Antonio Roca, el otro cartagenero factótum de las irregularidades desencadenantes de la ‘Operación Malaya’; un empresario vasco, Javier Arteche, apoderado representante de un conglomerado de empresas que ha reactivado la recalificación de los terrenos de Lo Poyo, tras comprarlos a principios de 2004 por 213 millones de euros, según el valor de compra declarado.
Otra de las entidades íntimamente relacionadas con el asunto es la promotora inmobiliaria alicantina Hansa Urbana, mayoritariamente propiedad de la familia encabezada por Juan Rafael Galea, con participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (Grupo Bancaja), cuyo director territorial para Murcia, Francisco Javier Guillamón, aparece en lugar destacado en todos los actos públicos de la inmobiliaria.
El caso es que, históricamente, la finca Lo Poyo fue recalificada inicialmente por la Consejería de Política Territorial de Murcia, siendo su secretario general el cartagenero Andrés José Ayala, antiguo abogado de la familia propietaria, los Armengol, que, naturalmente, se abstuvo en el expediente finalizado en junio de 2006, apenas un año después de que Ayala ocupara su despacho oficial. Un despacho en el que, curiosamente, encima de la mesa, tenía en lugar bien visible una foto del también cartagenero Federico Trillo, aunque el secretario general de la Consejería “presumía” entonces de no estar afiliado al Partido Popular y de ser un “técnico”.
Antes de dar el salto definitivo a la política, desde la Secretaría General citada, afiliándose al PP y siendo elegido diputado nacional en el 2000, Ayala fue un prestigioso abogado urbanista cartagenero que compartía negocios con el arquitecto Rafael Amat Tudurí —que luego fue director general en Defensa con Federico Trillo y se arregló un ‘pisito’ en el Ministerio con dinero público— y trabajó hasta mediados de los noventa para el promotor Tomás Olivo, que tiene grandes operaciones inmobiliarias en Cartagena desde antes de trasladarse a Marbella para operar con otro paisano cartagenero: Juan Antonio Roca.
Las protestas de los ecologistas de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y sus acciones judiciales llevaron a la sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia a anular en el verano del año 2000, el procedimiento de reclasificación de Lo Poyo emprendido por el ayuntamiento de Cartagena a principios de los años 90, tras cuatro años de litigios desde la aprobación de la Consejería cuyo secretario general era Ayala.
A vueltas con la reclasificación
La familia Armengol vio frustrada de esta forma la pretendida venta de la finca Lo Poyo por esa anulación del expediente municipal de reclasificación. Y el expediente pareció quedar durmiendo el sueño de los justos.
No obstante, según fuentes conocedoras del asunto, los Armengol han seguido ofreciendo en el mercado la venta de Lo Poyo, con el gancho de las indudables plusvalías a obtener una vez conseguida la reclasificación de los terrenos, lindantes con un saladar protegido a orillas del Mar Menor.
El problema que se les presentaba era que los posibles compradores pedían garantías de que se iba a realizar la reclasificación y autorización del proyecto para edificar 7.000 viviendas y urbanizar el entorno del saladar. Y las gestiones frustradas con unos y otros posibles compradores se multiplicaron y duraron varios años hasta que dieron fruto.
Porque estaba claro que, además de los propietarios Armengol, había más interesados en sacar el expediente adelante. Por eso, en enero de 2005, la Consejería de Obras Públicas (sustituta de la antigua de Política Territorial) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) favorable para el proyecto de urbanización en la finca Lo Poyo, a instancias del consistorio cartagenero.
Con la notable particularidad de que esa declaración se produjo siete meses antes de que el Ayuntamiento de Cartagena, presidido por la alcaldesa Pilar Barreiro —también perteneciente al círculo próximo de Trillo, Ayala, etc—, otorgara la Aprobación Inicial al proyecto, en septiembre de 2005.
Los socialistas prometen guerra
Es decir, la instancia superior, la Comunidad Autónoma, dio el visto bueno ambiental al proyecto a los pocos meses de producirse la venta de la finca Lo Poyo y unos pocos meses antes de que la instancia menor, el Ayuntamiento de Cartagena, diera el paso que, habitualmente, suele ser previo a la D.I.A., la Aprobación Inicial.
El Partido Socialista en Murcia ha asegurado este verano que tiene información suficiente para plantear el tema ante la Fiscalía. De hecho, la portavoz Teresa Rosique contestó duramente al diputado nacional Andrés Ayala cuando éste criticó al ahora dimitido alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, tras descubrirse conexiones de la ‘Operación Malaya’ (Roca, Olivo) en su municipio marmenorense.
El inminente nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción puede precipitar las acciones de unos y otros, estiman los conocedores del asunto, con la implicación de algún ‘conseguidor’ profesional muy bien relacionado.
