viernes

El Pleno aprueba definitivamente la construcción de 7.300 viviendas y tres campos de golf en el campo de Murcia



LAOPINIÓN

MURCIA



Urbanismo


El Pleno aprueba definitivamente la construcción de 7.300 viviendas y tres campos de golf en el campo de Murcia



AGENCIAS


El Pleno del Ayuntamiento de Murcia dio hoy su visto bueno definitivo a la construcción de 7.300 viviendas y tres campos de golf, en el Campo de Murcia, en concreto en las pedanías de Jerónimo y Avileses y Gea y Truyols.

Con la construcción de estas nuevas viviendas, Jerónimo y Avileses podría ver incrementada su población en unos seis mil habitantes, multiplicando el número de población actual por seis. En el caso de Gea y Truyols, que en la actualidad cuenta con un censo de 678 habitantes, la población se vería multiplicada por 16 llegando a contabilizar 11.000 vecinos más.

Así, la Corporación aprobó el plan parcial Finca Ochando en Jerónimo y Avileses, que cuenta con una superficie total de 3.446.933 metros cuadrados en los que se levantarán unas 2.900 viviendas y un campo de golf que ocupará 1.077.568 metros cuadrados.

La urbanización girará entorno al campo de golf y se construirán viviendas unifamiliares y pisos en bloques colectivos. Este proyecto prevé un espacio de mejora ambiental de 1.203.462 metros cuadrados en la finca La Costera.

También se aprobó definitivamente el plan parcial Los Granados en Gea y Truyols, con una superficie de 3.446.933 metros cuadrados. Este proyecto prevé la construcción de 2.100 viviendas en un espacio de 890.577 metros cuadrados, así como un complejo con campo de golf en una superficie de 242.491 metros cuadrados.

Las viviendas, unifamiliares y en bloques, se construirán en torno al campo de golf. Se da la circunstancia de que en el residencial se han encontrado restos arqueológicos, que se restaurarán y se acondicionarán para ser visitados. Además, este plan incorpora una mejora ambiental de 1.737.676 metros cuadrados en un espacio situado en las inmediaciones del complejo urbanístico.

Finalmente, el Pleno dio luz verde al plan parcial Tres Molinos situado en Gea y Truyols. Este complejo residencial ocupará 2.805.995 metros cuadrados y contará con un campo de golf en una superficie de 437.890 metros cuadrados. El proyecto prevé la construcción de 2.300 viviendas, entre casas unifamiliares y bloques de pisos, en un espacio de 1.189.515 metros cuadrados.

En el plan parcial se integran algunas viviendas ilegales que ya están construidas en la zona. Este proyecto destinará 1.341.738 metros cuadrados de suelo a mejora ambiental en las fincas Las Clareas y La Naveta, informaron fuentes municipales.



VOLVER A PÁGINA INICIAL: CARAVACA NO SE VENDE

Leer más...

jueves

Denuncian anomalías en la cesión del solar para la construcción del Parador


LORCA

LORCA

Denuncian anomalías en la cesión del solar para la construcción del Parador

La asociación para la defensa del patrimonio ha presentado un recurso de revisión y alegaciones a la entrega de una superficie de 1.422 metros a Turespaña para el aparcamiento

T. M. M./LORCA

La asociación para la defensa del patrimonio continúa adelante en su lucha contra la ubicación del parador de turismo en el castillo. El presidente del colectivo, José Antonio Guerao, acompañado de dos miembros de la directiva, Florencio Dimas y Ana Olga Meca, dio a conocer ayer las últimas actuaciones llevadas a cabo y que se centran en la denuncia de supuestas irregularidades tanto en el proceso inicial de cesión del solar, como en la cesión de un nuevo espacio de 1.422 metros cuadrados para el aparcamiento externo del hotel.

Respecto a la primera cuestión, la asociación presentó el pasado 21 de septiembre un recurso de revisión en el Ayuntamiento ya que aseguran que «en ningún momento se ha justificado el interés general de la obra, al que obliga la ley para la cesión de un patrimonio que es de todos los lorquinos. Además, en su momento no se cumplió con el requisito obligatorio de concurrencia y publicidad ofertando los terrenos en subasta pública, buscando el mayor beneficio para el pueblo de Lorca, tal como ordena la ley».

También el pasado 7 de julio se presentaron las alegaciones a la revisión del proyecto inicial para la cesión de la parcela destinada al aparcamiento por «la inexistencia de interés público que justifique esta cesión y esta enajenación gratuita de tan valioso terreno para la construcción del aparcamiento, y por un manifiesto fraude de audiencia que llevaría a la nulidad de la concesión de licencia».

El pasado 26 de septiembre, representantes del colectivo se reunieron con altos cargos del Ministerio de Cultura. «Se entregó un dossier con toda la información aunque ya eran conscientes de lo que ocurría por una denuncia nuestra anterior y por los reportajes aparecidos en la prensa nacional. Este representante ministerial nos dijo textualmente que se echaron las manos a la cabeza cuando vieron lo que estaba haciendo Paradores. Solicitamos que no se autorice la construcción del segundo módulo que representa el 60% del total de la obra y que romperá definitivamente la visión de un BIC, algo prohibido por la ley de Patrimonio», explicó Dimas.

«Desde el Ministerio se han comprometido a estudiar en profundidad y con urgencia el problema y a elaborar el correspondiente informe. Ellos mismos confirmaron que los responsables de Paradores ya han dicho que no volverán a actuar en Castillos por el problemón que están viviendo en Lorca. Nos ha tocado ser el experimento pero estamos dispuestos a todo porque queremos un Castillo arreglado y que sea de Lorca y de los lorquinos, no que sea de terceros y además se haya regalado gratuitamente», apuntaban Guerao y Dimas.

Hermetismo municipal

Además de reunirse con la Administración Central, la asociación también se ha reunido con responsables de Cultura de la Comunidad Autónoma, por lo que se muestran molestos con «el hermetismo municipal» y con el hecho de que el alcalde, Leoncio Collado, no haya contestado aún a la petición de entrevista. «Ya ha dicho dos veces en los medios de comunicación que no tiene problemas en reunirse, pero a nosotros no nos han dicho ni lugar ni hora, y presentamos la petición el 4 de septiembre», dice Guerao.

El presidente se muestra bastante optimista sobre la labor de la asociación. «La prueba es que en el nuevo proyecto del segundo módulo ya se rebaja una planta y en lo ya construido se anunció el rebaje de una altura. Hemos empezado a tirar el parador porque se están realizando excavaciones a la ligera y si no lo evitamos se seguirá destruyendo historia».


VOLVER A PÁGINA INICIAL: CARAVACA NO SE VENDE

Leer más...

martes

Los promotores de Lo Poyo se oponen a los planes de Medio Ambiente

REGIÓN 26 sept

REGIÓN MURCIA
Los promotores de Lo Poyo se oponen a los planes de Medio Ambiente
Los propietarios tachan de «absurda» una nueva evaluación ambiental Un miembro de la 'trama vasca' relacionada con Roca solicitó al Ayuntamiento que desatendiera las alegaciones de Anse al proyecto
Los promotores de Lo Poyo se oponen a los planes de Medio Ambiente
PROCESO. Roca, en una de sus comparecencias ante el juez./EFE

Imprimir noticiaImprimirEnviar noticiaEnviar

Publicidad

La decisión del consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, de someter al proyecto de recalificación y urbanización de Lo Poyo a una nueva declaración de impacto ambiental, cuenta con la oposición de los propietarios de los terrenos y promotores de la construcción de unas 5.000 viviendas en este paraje situado junto al Mar Menor.

El empresario guipuzcoano Agustín Aguirre Iguiñiz, en representación de varias de las sociedades propietarias de Lo Poyo, presentó en el Ayuntamiento de Cartagena en diciembre del pasado año un escrito en el que solicitaba que se desestimaran las alegaciones presentadas por la organización ecologista Anse tras la aprobación inicial del proyecto, realizada en febrero del 2005, por considerarlas «carentes de fundamento alguno».

En este escrito de alegaciones, Agustín Aguirre rechazaba la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental, trámite que calificaba de «absurdo» e «infundado», a pesar de reconocer que el proyecto aprobado por el consistorio cartagenero introducía modificaciones con respecto al tramitado con anterioridad.

El empresario argumentaba que los cambios realizados en el proyecto respetaban y cumplían con la declaración de impacto ambiental sobre Lo Poyo aprobada por la Consejería de Medio Ambiente en enero del 2005, por entonces dirigida por Francisco Marqués.

Cambios sustanciales

En cambio, los actuales responsables de la Consejería opinan ahora que las modificaciones acometidas en el proyecto son «sustanciales», por lo que es necesario una nueva evaluación ambiental, según indicó a La Verdad el secretario autonómico de Desarrollo Sostenible, Joaquín Segado.

Agustín Aguirre comparte la propiedad de numerosas sociedades, entre ellas las propietarias de Lo Poyo, con Francisco Javier Arteche y Luis María Maya, empresarios relacionados con Roca y que son citados en la documentación incautada al ex asesor urbanístico de Marbella.

Aguirre, Arteche y Maya forman parte de lo que se ha dado en llamar la trama vasca dentro de las pesquisas policiales de la operación Malaya, a causa de las relaciones de estos empresarios guipuzcoanos con otras sociedades y supuestos testaferros de Juan Antonio Roca.

En su escrito al Ayuntamiento, Aguirre indicaba que la propuesta de Anse de realizar una nueva evaluación ambiental del proyecto «sólo tiene por objeto prolongar el procedimiento de toma de decisiones para hacerlo interminable».


VOLVER A PÁGINA INICIAL: CARAVACA NO SE VENDE

Leer más...

Carrera contrarreloj de los promotores para saltarse el Código de la Edificación


La Opinión. Edición Digital

MARTES 26, SEPTIEMBRE DE 2006

Carrera contrarreloj de los promotores para saltarse el Código de la Edificación


Apremian a los técnicos para pedir su licencia esta semana antes de que la norma entre en vigor y les obligue a poner paneles solares



La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, que obligará a poner placas solares en todos los edificios y viviendas de nueva construcción, ha desbordado totalmente a los arquitectos murcianos. Las promotoras quieren ahorrarse las instalaciones necesarias para que las viviendas puedan aprovechar de la luz solar y ahorrar energía y agua tratando de llegar a pedir la licencia a las ventanillas de los ayuntamientos antes de la nueva normativa esté en vigor, a partir del próximo sábado. Durante las últimas semanas, los empresarios vienen presionando a los técnicos para que aceleren al máximo el visado de sus proyectos de obras, obligando al Colegio de Arquitectos a multiplicar el número de profesionales destinados a realizar esta tarea.
El decano del Colegio, Francisco Camino, explicó ayer que el número de proyectos que se presentaban en las oficinas de esta institución puede haber pasado de una media de 15 solicitudes diarias a unas 200, desbordando totalmente la capacidad de los técnicos para tramitarlas antes de que expire el plazo fijado en la nueva Ley.
Aunque el Código de la Edificación entró en vigor en marzo, la aplicación de las normas que regularán las instalaciones destinadas al aprovechamiento energético se aplazó seis meses, con el fin de dar tiempo a las empresas a adaptarse. Sin embargo, muchos promotores han aprovechado este plazo para acelerar sus proyectos, tratando de sortear la norma.
Estos supone, según la estimaciones de Francisco Camino, que tendrán que pasar más de tres años para que los compradores empiecen a recibir viviendas adaptadas a la nueva ley. A su juicio, estos intentos de eludir la nueva normativa "no responde tanto al intento de ahorrar el coste de las nuevas instalaciones", cifrado en torno al 5 por ciento, sino "al temor a lo desconocido. No buscan tanto el ahorro, como el hacer las cosas como las saben hacer", precisó.
Por su parte, el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero, dijo que el Código "mejora la calidad y la seguridad del edificio, por lo que es un coste que todos los consumidores estarán dispuestos a pagar".

VOLVER A PÁGINA INICIAL: CARAVACA NO SE VENDE


Leer más...

sábado

Un jurista sin ninguna adscripción profesional, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia

03:02 Sábado, 16 de septiembre de 2006

ESPAÑA

Un jurista sin ninguna adscripción profesional, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia

Vidal Coy

Viernes, 15 de septiembre de 2006


Un jurista sin adscripción a ninguna asociación profesional y de independencia garantizada, es decir, sin ataduras morales ni personales con el establishment inmobiliario, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia, nombramiento que se hará efectivo el próximo martes, en la reunión del Pleno del Consejo Fiscal, según fuentes jurídicas.

Al margen de los casos acumulados y en tramitación que lleva el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, probablemente la primera tarea específica del nuevo fiscal anticorrupción será la de investigar un asunto que el PSOE le pondrá sobre la mesa y que será el caso político por excelencia, conectado con la administración y la trama marbellí de la ‘Operación Malaya’: la recalificación y el proyecto de urbanización de la finca Lo Poyo.

Con esa finca, la última zona virgen en la ribera sur del Mar Menor y lindante con un espacio protegido del mismo nombre, en el que se pretende construir un complejo turístico-hotelero con al menos 7.000 viviendas, aparecen históricamente relacionados directa e indirectamente una pléyade de personajes políticos y negociantes digna de la mejor crónica de sociedad.

Así, figuran en primer plano un diputado nacional, Andrés José Ayala, ex abogado urbanista e íntimo de Federico Trilllo-Figueroa Martínez-Conde, ex ministro de Defensa; Tomás Olivo, promotor/constructor cartagenero emigrado a Marbella, donde es, ha sido y seguramente seguirá siendo socio de Juan Antonio Roca, el otro cartagenero factótum de las irregularidades desencadenantes de la ‘Operación Malaya’; un empresario vasco, Javier Arteche, apoderado representante de un conglomerado de empresas que ha reactivado la recalificación de los terrenos de Lo Poyo, tras comprarlos a principios de 2004 por 213 millones de euros, según el valor de compra declarado.

Otra de las entidades íntimamente relacionadas con el asunto es la promotora inmobiliaria alicantina Hansa Urbana, mayoritariamente propiedad de la familia encabezada por Juan Rafael Galea, con participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (Grupo Bancaja), cuyo director territorial para Murcia, Francisco Javier Guillamón, aparece en lugar destacado en todos los actos públicos de la inmobiliaria.

El caso es que, históricamente, la finca Lo Poyo fue recalificada inicialmente por la Consejería de Política Territorial de Murcia, siendo su secretario general el cartagenero Andrés José Ayala, antiguo abogado de la familia propietaria, los Armengol, que, naturalmente, se abstuvo en el expediente finalizado en junio de 2006, apenas un año después de que Ayala ocupara su despacho oficial. Un despacho en el que, curiosamente, encima de la mesa, tenía en lugar bien visible una foto del también cartagenero Federico Trillo, aunque el secretario general de la Consejería “presumía” entonces de no estar afiliado al Partido Popular y de ser un “técnico”.

Antes de dar el salto definitivo a la política, desde la Secretaría General citada, afiliándose al PP y siendo elegido diputado nacional en el 2000, Ayala fue un prestigioso abogado urbanista cartagenero que compartía negocios con el arquitecto Rafael Amat Tudurí —que luego fue director general en Defensa con Federico Trillo y se arregló un ‘pisito’ en el Ministerio con dinero público— y trabajó hasta mediados de los noventa para el promotor Tomás Olivo, que tiene grandes operaciones inmobiliarias en Cartagena desde antes de trasladarse a Marbella para operar con otro paisano cartagenero: Juan Antonio Roca.

Las protestas de los ecologistas de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y sus acciones judiciales llevaron a la sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia a anular en el verano del año 2000, el procedimiento de reclasificación de Lo Poyo emprendido por el ayuntamiento de Cartagena a principios de los años 90, tras cuatro años de litigios desde la aprobación de la Consejería cuyo secretario general era Ayala.

A vueltas con la reclasificación

La familia Armengol vio frustrada de esta forma la pretendida venta de la finca Lo Poyo por esa anulación del expediente municipal de reclasificación. Y el expediente pareció quedar durmiendo el sueño de los justos.

No obstante, según fuentes conocedoras del asunto, los Armengol han seguido ofreciendo en el mercado la venta de Lo Poyo, con el gancho de las indudables plusvalías a obtener una vez conseguida la reclasificación de los terrenos, lindantes con un saladar protegido a orillas del Mar Menor.

El problema que se les presentaba era que los posibles compradores pedían garantías de que se iba a realizar la reclasificación y autorización del proyecto para edificar 7.000 viviendas y urbanizar el entorno del saladar. Y las gestiones frustradas con unos y otros posibles compradores se multiplicaron y duraron varios años hasta que dieron fruto.

Porque estaba claro que, además de los propietarios Armengol, había más interesados en sacar el expediente adelante. Por eso, en enero de 2005, la Consejería de Obras Públicas (sustituta de la antigua de Política Territorial) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) favorable para el proyecto de urbanización en la finca Lo Poyo, a instancias del consistorio cartagenero.

Con la notable particularidad de que esa declaración se produjo siete meses antes de que el Ayuntamiento de Cartagena, presidido por la alcaldesa Pilar Barreiro —también perteneciente al círculo próximo de Trillo, Ayala, etc—, otorgara la Aprobación Inicial al proyecto, en septiembre de 2005.

Los socialistas prometen guerra

Es decir, la instancia superior, la Comunidad Autónoma, dio el visto bueno ambiental al proyecto a los pocos meses de producirse la venta de la finca Lo Poyo y unos pocos meses antes de que la instancia menor, el Ayuntamiento de Cartagena, diera el paso que, habitualmente, suele ser previo a la D.I.A., la Aprobación Inicial.

El Partido Socialista en Murcia ha asegurado este verano que tiene información suficiente para plantear el tema ante la Fiscalía. De hecho, la portavoz Teresa Rosique contestó duramente al diputado nacional Andrés Ayala cuando éste criticó al ahora dimitido alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, tras descubrirse conexiones de la ‘Operación Malaya’ (Roca, Olivo) en su municipio marmenorense.

El inminente nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción puede precipitar las acciones de unos y otros, estiman los conocedores del asunto, con la implicación de algún ‘conseguidor’ profesional muy bien relacionado.

OPINIONES DE LOS LECTORES (2)

2 - ¡Esto marcha muchachotes¡. Me faltan por ver la opinion de aquellos buenos opinantes de la zona murciana en cuanto a gastronomia.¿Que opinan ahora de la buena nueva contra la corrupcion urbis et orbe? El que se frota las manos,primero Solbes y despues Fdez Ordoñez que ya esta con la red "antimedusas murcianas"para enganchar a todos de los billetes de 500 eruos.

  • sanse
  • Invitado
  • 15/09/2006 (18:06 h)

1 - Has dado en la clave. Lo gordo, lo escandaloso, es la trama de Lo Poyo, donde el gobierno regional y la alcaldía de Cartagena han jugado un papel decisivo en los negocios de Roca y Olivo. Andrés Ayala, la Consejería de Obras Públicas y Medio Ambiente, y en última instancia, Ramón Luis Valcárcel. Ojo, porque esto es solo la punta del iceberg. El PP hasta ahora ha jugado al despiste con Juan Escudero, pero se le acabó el tiempo. Escudero ha sido absuelto por 5 veces de las 5 denuncias de Carmen Vigueras (PP). Pero Lo Poyo es mucho Lo Poyo y si no, que alguien responda a esto: ¿Po qué el PP de la Región se niega a abrir una comisión de investigación en la Asamblea para investigar la conexión de Malaya con Murcia como pide el PSOE? ¿Qué temen? ¿qué ocultan? El Fiscal Antcorrupción ya lo sabe.



VOLVER A PÁGINA INICIAL: CARAVACA NO SE VENDE

Leer más...

jueves

logos periodicos

_________________________
CIEZA DIGITAL





___________________________
EL PAIS





__________________________
LOGO LA VERDAD





_____________________________









______________________________

VEGA MEDIA PRESS




_______________________________
LA VERDAD



________________________________

CIEZA DIGITAL





___________________________
LA OPINION



______________________________

Leer más...

domingo

COMPROMISO POR LA REGIÓN

COMPROMISO POR LA REGIÓN
Murcia, 15 de mayo de 2007


Ante las próximas elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo de 2007, las organizaciones abajo firmantes, representativas de muy diversos sectores sociales de la Región de Murcia, hemos acordado suscribir el presente COMPROMISO POR LA REGIÓN.

La calidad de una democracia se mide por el grado de participación de la ciudadanía en la vida pública, y esa participación no puede reducirse a depositar el voto cada cuatro años. La gestión pública se degrada y puede llegar a corromperse y subordinarse a intereses particulares cuando los gobiernos legítimamente electos no sólo no fomentan sino que obstaculizan la participación activa, plural y cotidiana de la ciudadanía.

La campaña electoral debe centrarse en los problemas sociales que realmente importan a los ciudadanos y ciudadanas de esta Región. Y los partidos políticos deben comprometerse públicamente con propuestas concretas surgidas de la sociedad civil murciana.

La Región de Murcia ha crecido en los últimos años por encima de la media nacional, pero este crecimiento tiene los pies de barro, porque se ha basado en una transformación brutal del territorio, en un expolio sin precedentes de los recursos naturales, en un aumento de las desigualdades económicas y en una precarización de las condiciones de vida de muchos colectivos sociales: agricultores, trabajadores, jóvenes, mujeres e inmigrantes. La riqueza generada está teniendo grandes impactos territoriales y no se está distribuyendo equitativamente. Nuestra Región sigue estando en el furgón de cola de las comunidades españolas en casi todos los indicadores de desarrollo social, cultural y ambiental. Por eso, necesitamos reorientar nuestro modelo de desarrollo para preservar el patrimonio natural y cultural, promover políticas públicas mucho más sostenibles y solidarias, y mejorar de forma significativa el bienestar social, la formación cultural, la participación ciudadana y la convivencia democrática a escala local y regional.

Este documento no pretende ser un programa exhaustivo. Nos limitamos a denunciar los problemas que nos parecen más graves y a reclamar las medidas que nos parecen más urgentes.

Pedimos a los partidos políticos que se pronuncien sobre estas propuestas, las debatan públicamente entre ellos y se comprometan a llevarlas a cabo si ganan las elecciones.

Las organizaciones firmantes velaremos para que ese compromiso no se quede en una mera promesa electoral, sino que se haga efectivo después del 27-M.

Finalmente, invitamos a otras organizaciones sociales y, en general, a toda la ciudadanía, para que suscriban y difundan el presente documento.


I. POR UN DESARROLLO ECONÓMICO EQUILIBRADO Y EQUITATIVO

La economía regional ha crecido en los últimos años por encima de la media nacional, y esto a pesar del déficit hídrico, lo cual revela que el problema económico de la Región no es la falta de agua. El problema es que nuestro modelo de crecimiento es altamente ineficiente, insostenible e insolidario. Por un lado, se ha basado en la expansión desmesurada e ilegal del regadío y, más recientemente, en la promoción de macrourbanizaciones con campos de golf, dos actividades que son grandes consumidoras de agua, un recurso escaso que, ante las previsiones del cambio climático, debe ser administrado con racionalidad económica y ecológica, y no esquilmado ni manipulado con demagogia política. En cambio, en nuestra Región ha disminuido el peso de la industria y seguimos estando a la cola de España en I+D+i. Por otro lado, nuestra economía se basa en una mano de obra barata, precaria, poco cualificada, con una baja productividad y una gran discriminación salarial (que afecta sobre todo a los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes). En realidad, las dos palancas decisivas del crecimiento regional han sido los inmigrantes (el 11% de la población y el 20% de los empleados), que sufren una situación de marginación social y política, y los fondos de cohesión europeos, que van a ir disminuyendo en los próximo años.

1. Necesitamos un modelo de desarrollo económico más eficiente, sostenible, equilibrado y equitativo, que no esquilme nuestros recursos naturales (suelo, agua, energía, etc.), que no sea tan dependiente de aportaciones y coyunturas externas (trasvases, inversión inmobiliaria, etc.) y que promueva una agricultura redimensionada y ecológica, un tejido empresarial diversificado (pymes, pequeños comercios, empresas de economía social), una industria innovadora (basada en I+D+i y en energías renovales), un turismo sostenible y unos servicios de calidad.

2. Necesitamos un empleo estable, cualificado, bien remunerado y no discriminatorio. Hay que mejorar de forma sustancial las rentas salariales y las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Las administraciones y empresas públicas deben dar ejemplo, reduciendo su porcentaje de empleados precarios por debajo del 20%. Hay que reducir drásticamente la precariedad y la siniestralidad, mejorar la cualificación y la productividad, y acabar con las diversas formas de discriminación que sufren los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Hay que elaborar un plan para aplicar en la Región la nueva Ley de Igualdad.

3. La economía sumergida de la Región es una de las más altas de España. En 2005, el 22% de los trabajadores no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Y un 25% del dinero que se mueve en la Región no paga impuestos. Es preciso combatir estas ilegalidades mediante la inspección laboral y una lucha activa contra el fraude y la evasión fiscal.

4. Mientras que la economía regional crece por encima de la media nacional, el PIB per cápita y la Renta Bruta Disponible per cápita están por debajo e incluso se han alejado en los últimos años de la media española. Tenemos las tasas más altas de desigualdad económica y de pobreza relativa. El crecimiento económico regional no se ha redistribuido socialmente de forma equitativa. Por eso, necesitamos una fiscalidad mucho más progresiva y unas políticas públicas redistributivas.


II. POR UN TERRITORIO COHESIONADO Y SOSTENIBLE

La Región de Murcia carece de una política coherente y sostenible de ordenación del territorio y de planificación urbanística, tanto a escala autonómica como municipal. La Ley Regional del Suelo de 2001 abrió la puerta a una urbanización masiva e indiscriminada de todo el territorio, sin respetar siquiera los espacios naturales y las zonas de dominio público. Los poderes públicos han renunciado a ejercer las obligaciones que les exige la Constitución española: la protección del medio ambiente (art. 45), la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46) y el derecho a disponer de una vivienda digna, mediante una ordenación pública del suelo que evite la especulación y haga revertir sobre la comunidad las plusvalías generadas por la actividad urbanística (art. 47). En la Región de Murcia se está haciendo exactamente lo contrario: un urbanismo salvaje que fomenta la especulación, privatiza las plusvalías, dispara los precios de la vivienda hasta hacerla inaccesible a los más necesitados (desde 1995, el precio de la vivienda ha crecido casi un 200%, mientras que las rentas salariales han aumentado una media del 40%), atenta contra el patrimonio histórico, saquea los espacios y recursos naturales, altera irreversiblemente el paisaje y degrada la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, hasta el punto de destruir su identidad y su tradicional atractivo turístico y cultural como legado viviente de la milenaria civilización mediterránea.

5. Es preciso elaborar una nueva Ley Regional del Suelo que reduzca sustancialmente la oferta de suelo urbanizable, que conceda prioridad a los objetivos sociales y ambientales en la planificación urbanística y la ordenación territorial, y que aumente los controles democráticos de todo el proceso de planeamiento, de acuerdo con la nueva Ley estatal del Suelo y con los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución española.

6. Hay que derogar la Disposición Adicional Octava de la Ley Regional del Suelo de 2001, las reformas posteriores de dicha Ley que otorgan aprovechamiento urbanístico a espacios naturales protegidos, las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia, la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope y todas las disposiciones, planes y proyectos que las desarrollan.

7. Hay que acabar con el uso fraudulento y generalizado de la figura del convenio urbanístico. Hay que revisar todos los convenios aprobados o en tramitación, así como los PGOM en trámite, mediante la elaboración de una Evaluación Estratégica de los mismos, a fin de garantizar su sostenibilidad económica, social y ambiental. Hay que establecer límites máximos de crecimiento urbano, en función de la población y el territorio municipal, y siempre como ampliación de los núcleos ya existentes.

8. La especulación inmobiliaria ha dado lugar a una paradoja injustificable: un tercio de todas las viviendas que se construyen en la Región están vacías o son segundas residencias, mientras que el aumento especulativo de los precios impide a muchas personas acceder a una vivienda digna. Por eso, es necesario contar con un verdadero Instituto Público de Vivienda que, en coordinación con los ayuntamientos, garantice el mínimo necesario de viviendas protegidas (sea en propiedad o en alquiler), que controle directamente todo el proceso de gestión (suelo, construcción y entrega de viviendas), que asegure unas condiciones sociales mínimas (precio, ubicación, habitabilidad, etc.), y cuya gestión se encuentre sujeta a un control democrático.

9. Hay que aplicar de forma efectiva las Agendas 21 locales, que exigen políticas municipales sostenibles e integrales con amplia participación ciudadana, y las disposiciones del Convenio de Aarhus, que garantizan el acceso a la información y la participación pública en todas las áreas de las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.


III. POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS UNIVERSALES Y DE CALIDAD

Una sociedad democrática avanzada debe contar con unos servicios públicos universales y de calidad, que garanticen a todas las personas el disfrute efectivo de los derechos de ciudadanía, para favorecer así la cohesión social y territorial. En nuestra comunidad, el gobierno regional y muchos gobiernos locales no han cumplido adecuadamente su papel de proveedores y gestores de unos servicios públicos que cubran las necesidades básicas de toda la población. Crece la población escolar, pero faltan escuelas infantiles, colegios e institutos. Aumenta la población regional y el porcentaje de personas mayores, pero continúan las carencias en atención primaria, las listas de espera, la falta de camas en los hospitales, la escasez de residencias públicas y de servicios de atención domiciliaria, la sobrecarga de las mujeres a la hora de conciliar su vida laboral y familiar. Crece la población inmigrante como motor del desarrollo económico regional, pero siguen faltando políticas de integración social que eviten la segregación y la xenofobia. Por el contrario, en la Región se está dando un proceso de privatización, mercantilización y degradación de los servicios públicos, que están pasando a engrosar el sector terciario de los servicios de pago. El resultado es que se está produciendo una creciente dualización social: por un lado, se potencian los servicios educativos, sanitarios y sociales privado-concertados, subvencionados al 100% de su coste real y destinados a la minoría más acomodada de la población; por otro lado, se convierte a los servicios públicos en una oferta de segunda, con graves deficiencias estructurales, para atender a los sectores de rentas medias y bajas, y a las personas que por su situación especialmente vulnerable (envejecimiento, marginalidad, condición inmigrante, etc.) requerirían una mayor asistencia por parte de las administraciones públicas.

10. Es preciso contar con una dotación presupuestaria adecuada para el sistema de servicios públicos, mediante un incremento porcentual y anual de la inversión en políticas educativas, sanitarias y sociales, hasta alcanzar la media de la Unión Europea: un 25% del PIB.

11. Hay que elaborar, en el marco de diferentes mesas regionales y locales de negociación política, sindical y social, unos Planes de Centros y Equipamientos Escolares, Sanitarios y Sociales, con el fin de acordar de modo democrático y participativo los recursos mínimos necesarios en infraestructuras y dotaciones materiales. Estos Planes deben promover la creación de Redes Educativas, Sanitarias y de Asistencia Social de carácter regional, que integren a todos los centros públicos y a aquellas empresas privadas que mediante subvención o concierto viven del dinero público, para que asuman la responsabilidad social que les corresponde en la asistencia, sin discriminación, de toda la ciudadanía.

12. El sistema educativo regional es muy ineficaz, pues el 45% del alumnado de 15 años ha sufrido a lo largo de su escolarización alguna clase de retraso y el porcentaje de repetidores supera la media nacional en todos los ciclos y cursos de primaria y secundaria. Dado que la educación infantil tiene un papel crucial en el posterior desarrollo formativo del alumnado y en la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres, es preciso crear y dotar una amplia red de Escuelas Infantiles Publicas (de 0 a 3 años) en toda la Región, para aumentar la tasa de escolarización, que ahora es del 19’7% a los 2 años. En educación primaria y secundaria, hay que desarrollar mecanismos de apoyo individualizado y de incremento del tiempo escolar para el alumnado que presente algún tipo de dificultad, con el fin de reducir el porcentaje de repetidores y el abandono escolar.

13. Para evitar que se consolide un sistema educativo dual y discriminatorio, es preciso crear oficinas únicas de matriculación por zonas, que garanticen el reparto equitativo y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, incluidos los hijos de inmigrantes y los que tienen necesidades especiales, entre las dos redes actualmente existentes: los centros públicos y los privados-concertados.

14. Es preciso incrementar los recursos del Sistema Murciano de Salud e impulsar la calidad de los servicios sanitarios públicos (la atención primaria, la red hospitalaria, los servicios de salud mental, etc.), mediante la elaboración de planes generales y estrategias específicas, orientadas a promover la salud y prevenir la enfermedad. Hay que apoyar la iniciativa de los 10 minutos en atención primaria, acabar con las listas de espera y diseñar actuaciones para colectivos específicos: mayores, mujeres, jóvenes, inmigrantes, enfermos crónicos, etc. Hay que aumentar y hacer estables las plantillas de profesionales sanitarios. Y, por último, hay que potenciar la participación de la ciudadanía y los profesionales, mediante la creación de Consejos de Salud operativos, que elaboren y supervisen los Planes de Salud autonómicos y municipales.

15. Necesitamos un marco normativo que establezca un Sistema Público de Servicios Sociales, coordinado con los ayuntamientos y que garantice el derecho universal a unos servicios sociales básicos para toda la ciudadanía. Necesitamos un Plan Regional de Inclusión Social de carácter transversal (vivienda, empleo, salud, etc.), para ayudar a los sectores más pobres y marginados. Y, por último, necesitamos un Plan Regional de Atención a las Personas Dependientes, dotado de los recursos necesarios, que permita aplicar y desarrollar la Ley de Dependencia, y que garantice este tipo de atención como un derecho universal y de calidad.


IV. POR UNA SOCIEDAD INTEGRADA Y SOLIDARIA

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, en el que las desigualdades sociales se hacen cada vez más profundas, no solo entre el Norte y el Sur, sino también en el seno de las propias sociedades desarrolladas. A diario vemos cómo aumentan la pobreza y el hambre, los conflictos armados, las migraciones a las ciudades y a los países ricos, y con ellas las reacciones de temor y de rechazo, las fronteras físicas y sociales, los movimientos de intolerancia y xenofobia. La Región de Murcia no es ajena a estos cambios globales, pues una gran parte de su desarrollo económico se debe a la llegada de trabajadores inmigrantes procedentes de los países pobres de África, América Latina, Europa del Este y Asia. Por eso, es muy importante que nuestra comunidad se muestre solidaria con los países más necesitados y que promueva políticas de integración social en su propio seno, para que todas las personas residentes en la Región puedan gozar de una ciudadanía plena.

16. Para erradicar la pobreza en el mundo, conforme a los Objetivos de Desarrollo del Milenio promovidos por la ONU, es preciso un Pacto contra la Pobreza, a escala estatal, autonómica y local. Se trata de conseguir tres objetivos: que se reactive el Acuerdo de Cooperación y Solidaridad con los Países Pobres, aprobado de forma consensuada por la Asamblea Regional en 1994, al tiempo que se aprueba la Ley de Cooperación Internacional de la CARM que ya está elaborada, pero incluyendo en su articulado el compromiso de dotarla presupuestariamente con el mínimo del 0,7% de los ingresos propios; que todas las fuerzas autonómicas alcancen un consenso sólido y estable en la política de Cooperación al Desarrollo, no dependiente de los cambios de gobierno; y que dichas fuerzas políticas asuman compromisos concretos y establezcan mecanismos de control del cumplimiento de sus acuerdos.

17. El punto de partida irrenunciable, para cumplir con el Pacto contra la Pobreza, es que de forma progresiva y a lo largo de la próxima legislatura autonómica, los Presupuestos Generales de la CARM alcancen el objetivo de consignar como mínimo el 0,7% del montante económico global a financiar proyectos de Cooperación y Solidaridad con los países pobres, como ya acordaron PSOE, PP e IU el 22-12-94.

18. La pobreza también está presente en nuestra Región. Según el INE, en 2003 el 19,9% de la población española vivía por debajo del umbral de la pobreza, pero ese porcentaje ascendía en la Región de Murcia al 24,5%. En nuestra comunidad, una de cada cuatro personas carece de recursos para llevar una vida digna. Mientras se construyen cada año decenas de miles de viviendas, de las cuales un tercio están vacías o son segundas residencias, hay personas sin hogar y familias con menores a su cargo que viven en derribos, chabolas o viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad. Por eso, es preciso elaborar un Plan Integral de Erradicación de la Pobreza y la Infravivienda en la Región de Murcia, que incluya la implantación de una Renta Básica, la atención socio-sanitaria personalizada y el acceso a una vivienda digna.

19. La población inmigrante no comunitaria supone ya el 11% de la población regional y el 20% de la población empleada. Los inmigrantes son uno de los motores fundamentales del desarrollo regional y sin embargo sufren explotación económica, segregación social y cultural, carencia de derechos políticos y reacciones de xenofobia. Es inaceptable que se les convierta en chivo expiatorio de las deficiencias que se padecen en los servicios públicos y en las dotaciones de seguridad ciudadana. Es preciso comprender que la seguridad física es inseparable de la justicia y la solidaridad social. Por eso, hay que poner en marcha un Plan de Integración social de los inmigrantes, en concordancia con las políticas y dotaciones presupuestarias procedentes del gobierno central. Este Plan debe elaborarse con la participación de los propios inmigrantes, y debe promover el reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía, la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

20. En una sociedad democrática, plural e intercultural, no es aceptable que los poderes públicos promuevan activamente una determinada identidad religiosa, como en la época del nacional-catolicismo. Las administraciones locales y autonómica deben respetar escrupulosamente el pluralismo ideológico y religioso de la sociedad. Por eso, es necesario preservar el carácter laico de todas las instituciones públicas, a fin de evitar la discriminación y favorecer la convivencia entre toda la ciudadanía de la Región, tanto en los centros educativos como en las actividades culturales, las celebraciones festivas y las ceremonias oficiales.


V. POR UNA SOCIEDAD BASADA EN LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO

La sociedad murciana cuenta con unos niveles muy bajos de formación educativa, profesional y cultural, en comparación con las medias española y europea. Y eso hace que cuente también con un notable atraso científico y tecnológico. Por eso, el motor principal del crecimiento económico regional no es la economía productiva, el trabajo cualificado y la inversión en I+D+i, como sería de desear, sino la economía especulativa vinculada a las recalificaciones y promociones urbanísticas, el empleo precario y poco cualificado, y los sectores basados en una mano de obra barata e intensiva, como la agricultura y la construcción. Este atraso educativo y científico no afecta solo a nuestro modelo de desarrollo económico, sino también al desarrollo de la vida cultural e incluso a la madurez de nuestra cultura política.

21. Hay que hacer una apuesta estratégica por la educación, la cultura y la cualificación profesional, científica y tecnológica. Y esto en todos los niveles formativos, desde la escuela infantil hasta la universidad. Hay que potenciar la educación de adultos y la formación permanente, para mejorar no solo la productividad económica sino también la cultura democrática de la ciudadanía.

22. Es necesario aumentar sustancialmente la financiación y el apoyo a las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia y la de Cartagena, potenciando el proceso de convergencia europea y los máximos niveles de calidad en los estudios de grado y posgrado. No es aceptable que el gobierno regional siga dando trato de favor a la UCAM, una universidad privada, en detrimento de las dos universidades públicas.

23. Es necesario incrementar la financiación y el apoyo a la investigación científica y la innovación tecnológica, tanto en las universidades como en los centros públicos de investigación. Y esto con un triple objetivo: potenciar la integración en las redes europeas de investigación, fomentar la investigación en áreas de interés regional y conseguir que el sector privado se incorpore progresivamente a la sociedad del conocimiento. Estos tres objetivos deberían convertirse en una apuesta estratégica y transversal de toda la política regional.

24. Es preciso apostar también por la alfabetización digital, con un triple objetivo: reducir la brecha digital que existe hoy en el seno de la propia sociedad murciana, extender el uso de las TIC a todas las empresas y organizaciones sociales, y facilitar el acceso electrónico de la ciudadanía a todas las instancias y operaciones de las administraciones públicas.

25. Por último, la política cultural pública tiene que ser reformulada, con un triple objetivo: condicionar al resto de políticas públicas (sociales y territoriales), impulsar el desarrollo del sector cultural (creadores, asociaciones e industrias culturales) y garantizar de forma efectiva el derecho a la cultura de toda la ciudadanía (frente a las profundas desigualdades culturales actuales). Para ello, es preciso elaborar un Plan Estratégico de la Cultura, crear un Consejo Regional de la Cultura y las Artes, y dedicar el 2% del presupuesto regional a políticas culturales públicas.


VI. POR LA CALIDAD DE LA VIDA DEMOCRÁTICA

La Región de Murcia padece un notable déficit democrático, debido a cinco factores: el efecto monopolístico de las sucesivas mayorías absolutas en la asamblea regional (favorecido por una ley electoral muy poco proporcional), el bloqueo de los cauces institucionales de participación ciudadana (en los ámbitos autonómico y municipal), la escasa cultura política de la ciudadanía murciana (debida a la tradición caciquil, al excesivo número de localidades sin ayuntamiento propio y a la elevada tasa de analfabetismo adulto), el control ejercido sobre la mayoría de los medios de comunicación por los dirigentes políticos y empresariales, mediante las subvenciones y la publicidad (un control que llegó al colmo con la concesión de los canales de TDT), y, por último, las tramas de corrupción política y la degradación del funcionamiento democrático de las instituciones públicas (tanto regionales como locales), por obra y gracia de los convenios urbanísticos, la afluencia masiva de dinero negro, la opaca financiación de los partidos, los reducidos ingresos municipales, los informes técnicos realizados bajo presión política y las múltiples connivencias entre cargos públicos e intereses privados.

26. Una reforma consensuada del Estatuto de Autonomía que promueva la modificación en clave proporcional de la ley electoral, la creación de cauces estables y efectivos de participación ciudadana (consejos asesores sectoriales, iniciativas ciudadanas, consultas populares, etc,) y la elaboración de una carta de derechos y servicios públicos universales.

27. Una política territorial de articulación comarcal y de creación de nuevas entidades locales (desde nuevos ayuntamientos, a partir de algunas de las actuales pedanías, hasta entidades submunicipales), para garantizar tanto la mejora de los servicios públicos mancomunados como la descentralización de los grandes municipios y unos mayores niveles de autogobierno democrático por parte de los vecinos.

28. La creación de Consejos de Participación Ciudadana, generales y sectoriales, en todos los municipios de la Región, con espacios y recursos propios, y con mecanismos estables y efectivos de consulta, asesoramiento y control de la gestión pública, tanto en el planeamiento urbanístico y ambiental como en las políticas sociales y en la asignación y administración del presupuesto.

29. Una regulación legal que garantice el control democrático y la pluralidad del sector audiovisual y de todos los medios de comunicación públicos, regionales y locales; una Radiotelevisión Autonómica que sea de gestión pública, que colabore de forma estable con RTVE y que esté sujeta al control de la Asamblea Regional; y un Estatuto de la profesión periodística que garantice sus derechos laborales, su independencia profesional y su participación en la gestión de los medios de comunicación.

30. Un código de buen gobierno y de ética pública, que exija a todos los cargos públicos una declaración de bienes antes y después de su mandato, una rendición de cuentas pública, transparente y periódica, y una asunción de responsabilidades políticas ante las denuncias de la ciudadanía y las imputaciones de los órganos judiciales.

ORGANIZACIONES FIRMANTES (por orden alfabético)

-ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur)
-ADELA (Asociación para la Defensa del Entorno Natural de La Azohía)
-ADESGA (Asociación Vecinal para el Desarrollo Sostenible del Garruchal)
-AMYDEP (Asociación por la Mejora y Defensa de la Escuela Pública)
-ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)
-Asamblea contra la Exclusión Social de Murcia
-Asamblea de Murcia por una Vivienda Digna
-Asociación Nacional Presencia Gitana
-Asociación Taller de la Ciudad (Alcantarilla)
-Asociación Volver a la Tierra
-ASPROSOCU (Asociación para la promoción socio-cultural)
-CCOO-Región de Murcia (Comisiones Obreras)
-Colectivo Cultural de la Sierra del Algarrobo
-Comisión 8 de Marzo (Plataforma de Mujeres Feministas)
-Consejo de la Juventud de la Región de Murcia (45 asociaciones)
-CONGD-RM (Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Ayuda al Desarrollo y Alianza Regional contra la Pobreza) (28 asociaciones)
-Coordinadora "La Región de Murcia No Se Vende" (69 asociaciones)
-Convivir sin Racismo
-Ecologistas en Acción-Región Murciana
-Entrecauces (Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural, Histórico y Natural de la Vega Media)
-FAPA-RM (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de la Región de Murcia “Juan González”)
-FACUA CONSUMUR (Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios)
-FAVERMUR (Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia)
-Foro Ciudadano de la Región de Murcia
-Foro Ignacio Ellacuría
-Foro Social de la Región Murciana
-MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)
-Solidarios para el Desarrollo-Región de Murcia
-STERM-La Intersindical (Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Región Murciana)
-UGT-Región de Murcia (Unión General de Trabajadores)

Leer más...

Leo Bassi, el artista censurado en Murcia por el Consejero de Cultura