Artículo de Carlos Iracheta (sin desperdicio...)
LA YENKA DEL URBANISMO
Si el urbanismo en España es una rara avis en el concierto europeo y anglosajón, el urbanismo en Murcia es una rara, rara, rara, especie dentro del género rara avis.
Me explico, ni siquiera los gobiernos socialistas, en sus dos periodos de mandato, antes y después de Ansar (ave migratoria) han sido capaces de situar el urbanismo a escala europea, y eso que han tenido sobrada oportunidad, en las sucesivas leyes del suelo promulgadas durante la democracia.
Y es que existe una concepción absolutamente diferente del derecho a la propiedad del aprovechamiento urbanístico, entre este país y el resto del mundo occidental.
Aquí, el aprovechamiento urbanístico, la edificabilidad, lo que se puede edificar sobre un suelo determinado, pertenece en su totalidad al propietario del suelo si es suelo urbano y en un 90% si es suelo urbanizable.
Allí, el aprovechamiento urbanístico no se le da al propietario del suelo sino que es de la colectividad, representada por el ayuntamiento, que es precisamente quien a través de los planes de ordenación, decide los índices de edificabilidad, los usos y como y cuando se desarrollan los polígonos o sectores.
Allí el propietario mantiene la propiedad del suelo y solo tiene derecho a edificar si adquiere el aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento. No promueve cuando le viene en gana como aquí, sino cuando las necesidades socioeconómicas lo requieren. El urbanismo es ordenado, programado, coordinado. La especulación se hace muy difícil, todo lo contrario que aquí. La edificabilidad no se vende directamente, sino que sigue los principios de publicidad y concurrencia y no se le adjudica a la mejor oferta económica, sino a la que mayor beneficio representa para la colectividad.
Si hay que hacer un campo golf o resort, el Ayuntamiento decide el lugar, las condiciones de su ejecución, pone los medios no económicos y lo saca a concurso público. No como aquí que cada uno golfea como le da la gana.
Las infraestructuras se planifican y se hacen en función de los desarrollos urbanísticos previstos, no como aquí que primero se hacen las casas y luego ¡ya veremos! Decía el otro día el jefe de los promotores, tenemos las casas terminadas y no sabemos cuando vamos a tener la luz ¡increíble! Y no pasa nada. La excepción que confirma la regla, es la autovía de peaje Cartagena-Vera, que es un caso insólito de cómo hacer el tejado sin saber si se va ha hacer la casa. ¿Qué pasará con los concesionarios de la autovía si lo de Marina de Cope se viene abajo? ¿La pagaremos entre todos?
Las dos guerras mundiales, en que a lo largo del siglo pasado se vieron inmersos la mayor parte de países europeos con la destrucción de infraestructuras, el tejido productivo, fabricas e incluso ciudades enteras, crearon una conciencia ciudadana solidaria en la reconstrucción material y económica, y aunque se mantuvo la propiedad del suelo en los países no comunistas, se acabaron los caciques. A nadie se le ocurría ir al Ayuntamiento a preguntar ¿y de lo mío que? Sin que le dieran una patada en el culo.
En España la guerra fue civil y pese a la destrucción y otras cosas, los caciques y terratenientes que financiaron y apoyaron la sublevación, se cobraron su parte de la tajada, manteniendo no solo la titularidad del suelo y algo más, sino también el antiguo derecho romano de apropiación de todo lo que se pueda hacer sobre el vuelo y el subsuelo, ave que vuela a la cazuela. Paradójicamente este especie de derecho de pernada se mantiene en la actualidad, y los socialistas no han sido capaces ni siquiera de plantearlo a la hora de las nuevas leyes del suelo, el aprovechamiento urbanístico permanece vinculado a la titularidad del suelo, y como mucho cuando gobiernan socialistas los ayuntamientos se quedan el 10 o 15% y cuando gobierna la derecha se rebaja del 10 al 5%.
Pero lo nuestro, lo local, es de traca, mientras que en el mundo urbanísticamente civilizado son los ayuntamientos los que modulan y establecen las necesidades de vivienda protegida, en España tiene que ser el Estado, mediante una Ley que roza lo constitucional, el que obligue a comunidades autónomas y ayuntamientos a un mínimo de decencia social en lo que a la vivienda protegida respecta. En un alarde de política social, la última Ley del Suelo estatal de este periodo socialista, establece que el 30% del aprovechamiento urbanístico tiene que destinarse a viviendas de protección oficial.
La respuesta de nuestro gobierno regional y de los líderes empresariales, que al fin y al cabo vienen a ser la misma cosa, es unánime, se escandalizan y ponen el grito en el cielo ¡qué barbaridad! ¡Esto es insostenible! Llegó a decir el diputado Ayala, cuando lo cierto y verdad es que este artículo de la Ley solo es de aplicación a la Comunidad Autónoma murciana, porque todas las demás comunidades autónomas, ya sean de izquierdas, derechas o mediopensionistas ya tenían establecidas reservas iguales o superiores al 30% mentado.
Nuestra Ley regional del suelo solo obliga y con excepciones (urbanizaciones y resort de mínima densidad), a destinar un mínimo de un 10% del aprovechamiento urbanístico a vivienda de protección pública y si alguien quiere hacer mas del 10% se le premia con primas de aprovechamiento. Con cosas puestas de esta guisa, no solo no se hacen viviendas protegidas, sino que las que hay se suprimen, como ocurre con la desaparición de las 1.500 viviendas de La Paz
Lo dicho, raro, raro, raro. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás.
Murcia 26 noviembre 2007
Carlos F. Iracheta, arquitecto
Foro Ciudadano
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LA YENKA DEL URBANISMO
Si el urbanismo en España es una rara avis en el concierto europeo y anglosajón, el urbanismo en Murcia es una rara, rara, rara, especie dentro del género rara avis.
Me explico, ni siquiera los gobiernos socialistas, en sus dos periodos de mandato, antes y después de Ansar (ave migratoria) han sido capaces de situar el urbanismo a escala europea, y eso que han tenido sobrada oportunidad, en las sucesivas leyes del suelo promulgadas durante la democracia.
Y es que existe una concepción absolutamente diferente del derecho a la propiedad del aprovechamiento urbanístico, entre este país y el resto del mundo occidental.
Aquí, el aprovechamiento urbanístico, la edificabilidad, lo que se puede edificar sobre un suelo determinado, pertenece en su totalidad al propietario del suelo si es suelo urbano y en un 90% si es suelo urbanizable.
Allí, el aprovechamiento urbanístico no se le da al propietario del suelo sino que es de la colectividad, representada por el ayuntamiento, que es precisamente quien a través de los planes de ordenación, decide los índices de edificabilidad, los usos y como y cuando se desarrollan los polígonos o sectores.
Allí el propietario mantiene la propiedad del suelo y solo tiene derecho a edificar si adquiere el aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento. No promueve cuando le viene en gana como aquí, sino cuando las necesidades socioeconómicas lo requieren. El urbanismo es ordenado, programado, coordinado. La especulación se hace muy difícil, todo lo contrario que aquí. La edificabilidad no se vende directamente, sino que sigue los principios de publicidad y concurrencia y no se le adjudica a la mejor oferta económica, sino a la que mayor beneficio representa para la colectividad.
Si hay que hacer un campo golf o resort, el Ayuntamiento decide el lugar, las condiciones de su ejecución, pone los medios no económicos y lo saca a concurso público. No como aquí que cada uno golfea como le da la gana.
Las infraestructuras se planifican y se hacen en función de los desarrollos urbanísticos previstos, no como aquí que primero se hacen las casas y luego ¡ya veremos! Decía el otro día el jefe de los promotores, tenemos las casas terminadas y no sabemos cuando vamos a tener la luz ¡increíble! Y no pasa nada. La excepción que confirma la regla, es la autovía de peaje Cartagena-Vera, que es un caso insólito de cómo hacer el tejado sin saber si se va ha hacer la casa. ¿Qué pasará con los concesionarios de la autovía si lo de Marina de Cope se viene abajo? ¿La pagaremos entre todos?
Las dos guerras mundiales, en que a lo largo del siglo pasado se vieron inmersos la mayor parte de países europeos con la destrucción de infraestructuras, el tejido productivo, fabricas e incluso ciudades enteras, crearon una conciencia ciudadana solidaria en la reconstrucción material y económica, y aunque se mantuvo la propiedad del suelo en los países no comunistas, se acabaron los caciques. A nadie se le ocurría ir al Ayuntamiento a preguntar ¿y de lo mío que? Sin que le dieran una patada en el culo.
En España la guerra fue civil y pese a la destrucción y otras cosas, los caciques y terratenientes que financiaron y apoyaron la sublevación, se cobraron su parte de la tajada, manteniendo no solo la titularidad del suelo y algo más, sino también el antiguo derecho romano de apropiación de todo lo que se pueda hacer sobre el vuelo y el subsuelo, ave que vuela a la cazuela. Paradójicamente este especie de derecho de pernada se mantiene en la actualidad, y los socialistas no han sido capaces ni siquiera de plantearlo a la hora de las nuevas leyes del suelo, el aprovechamiento urbanístico permanece vinculado a la titularidad del suelo, y como mucho cuando gobiernan socialistas los ayuntamientos se quedan el 10 o 15% y cuando gobierna la derecha se rebaja del 10 al 5%.
Pero lo nuestro, lo local, es de traca, mientras que en el mundo urbanísticamente civilizado son los ayuntamientos los que modulan y establecen las necesidades de vivienda protegida, en España tiene que ser el Estado, mediante una Ley que roza lo constitucional, el que obligue a comunidades autónomas y ayuntamientos a un mínimo de decencia social en lo que a la vivienda protegida respecta. En un alarde de política social, la última Ley del Suelo estatal de este periodo socialista, establece que el 30% del aprovechamiento urbanístico tiene que destinarse a viviendas de protección oficial.
La respuesta de nuestro gobierno regional y de los líderes empresariales, que al fin y al cabo vienen a ser la misma cosa, es unánime, se escandalizan y ponen el grito en el cielo ¡qué barbaridad! ¡Esto es insostenible! Llegó a decir el diputado Ayala, cuando lo cierto y verdad es que este artículo de la Ley solo es de aplicación a la Comunidad Autónoma murciana, porque todas las demás comunidades autónomas, ya sean de izquierdas, derechas o mediopensionistas ya tenían establecidas reservas iguales o superiores al 30% mentado.
Nuestra Ley regional del suelo solo obliga y con excepciones (urbanizaciones y resort de mínima densidad), a destinar un mínimo de un 10% del aprovechamiento urbanístico a vivienda de protección pública y si alguien quiere hacer mas del 10% se le premia con primas de aprovechamiento. Con cosas puestas de esta guisa, no solo no se hacen viviendas protegidas, sino que las que hay se suprimen, como ocurre con la desaparición de las 1.500 viviendas de La Paz
Lo dicho, raro, raro, raro. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás.
Murcia 26 noviembre 2007
Carlos F. Iracheta, arquitecto
Foro Ciudadano
