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El Pleno aprueba definitivamente la construcción de 7.300 viviendas y tres campos de golf en el campo de Murcia



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Urbanismo


El Pleno aprueba definitivamente la construcción de 7.300 viviendas y tres campos de golf en el campo de Murcia



AGENCIAS


El Pleno del Ayuntamiento de Murcia dio hoy su visto bueno definitivo a la construcción de 7.300 viviendas y tres campos de golf, en el Campo de Murcia, en concreto en las pedanías de Jerónimo y Avileses y Gea y Truyols.

Con la construcción de estas nuevas viviendas, Jerónimo y Avileses podría ver incrementada su población en unos seis mil habitantes, multiplicando el número de población actual por seis. En el caso de Gea y Truyols, que en la actualidad cuenta con un censo de 678 habitantes, la población se vería multiplicada por 16 llegando a contabilizar 11.000 vecinos más.

Así, la Corporación aprobó el plan parcial Finca Ochando en Jerónimo y Avileses, que cuenta con una superficie total de 3.446.933 metros cuadrados en los que se levantarán unas 2.900 viviendas y un campo de golf que ocupará 1.077.568 metros cuadrados.

La urbanización girará entorno al campo de golf y se construirán viviendas unifamiliares y pisos en bloques colectivos. Este proyecto prevé un espacio de mejora ambiental de 1.203.462 metros cuadrados en la finca La Costera.

También se aprobó definitivamente el plan parcial Los Granados en Gea y Truyols, con una superficie de 3.446.933 metros cuadrados. Este proyecto prevé la construcción de 2.100 viviendas en un espacio de 890.577 metros cuadrados, así como un complejo con campo de golf en una superficie de 242.491 metros cuadrados.

Las viviendas, unifamiliares y en bloques, se construirán en torno al campo de golf. Se da la circunstancia de que en el residencial se han encontrado restos arqueológicos, que se restaurarán y se acondicionarán para ser visitados. Además, este plan incorpora una mejora ambiental de 1.737.676 metros cuadrados en un espacio situado en las inmediaciones del complejo urbanístico.

Finalmente, el Pleno dio luz verde al plan parcial Tres Molinos situado en Gea y Truyols. Este complejo residencial ocupará 2.805.995 metros cuadrados y contará con un campo de golf en una superficie de 437.890 metros cuadrados. El proyecto prevé la construcción de 2.300 viviendas, entre casas unifamiliares y bloques de pisos, en un espacio de 1.189.515 metros cuadrados.

En el plan parcial se integran algunas viviendas ilegales que ya están construidas en la zona. Este proyecto destinará 1.341.738 metros cuadrados de suelo a mejora ambiental en las fincas Las Clareas y La Naveta, informaron fuentes municipales.



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jueves

Denuncian anomalías en la cesión del solar para la construcción del Parador


LORCA

LORCA

Denuncian anomalías en la cesión del solar para la construcción del Parador

La asociación para la defensa del patrimonio ha presentado un recurso de revisión y alegaciones a la entrega de una superficie de 1.422 metros a Turespaña para el aparcamiento

T. M. M./LORCA

La asociación para la defensa del patrimonio continúa adelante en su lucha contra la ubicación del parador de turismo en el castillo. El presidente del colectivo, José Antonio Guerao, acompañado de dos miembros de la directiva, Florencio Dimas y Ana Olga Meca, dio a conocer ayer las últimas actuaciones llevadas a cabo y que se centran en la denuncia de supuestas irregularidades tanto en el proceso inicial de cesión del solar, como en la cesión de un nuevo espacio de 1.422 metros cuadrados para el aparcamiento externo del hotel.

Respecto a la primera cuestión, la asociación presentó el pasado 21 de septiembre un recurso de revisión en el Ayuntamiento ya que aseguran que «en ningún momento se ha justificado el interés general de la obra, al que obliga la ley para la cesión de un patrimonio que es de todos los lorquinos. Además, en su momento no se cumplió con el requisito obligatorio de concurrencia y publicidad ofertando los terrenos en subasta pública, buscando el mayor beneficio para el pueblo de Lorca, tal como ordena la ley».

También el pasado 7 de julio se presentaron las alegaciones a la revisión del proyecto inicial para la cesión de la parcela destinada al aparcamiento por «la inexistencia de interés público que justifique esta cesión y esta enajenación gratuita de tan valioso terreno para la construcción del aparcamiento, y por un manifiesto fraude de audiencia que llevaría a la nulidad de la concesión de licencia».

El pasado 26 de septiembre, representantes del colectivo se reunieron con altos cargos del Ministerio de Cultura. «Se entregó un dossier con toda la información aunque ya eran conscientes de lo que ocurría por una denuncia nuestra anterior y por los reportajes aparecidos en la prensa nacional. Este representante ministerial nos dijo textualmente que se echaron las manos a la cabeza cuando vieron lo que estaba haciendo Paradores. Solicitamos que no se autorice la construcción del segundo módulo que representa el 60% del total de la obra y que romperá definitivamente la visión de un BIC, algo prohibido por la ley de Patrimonio», explicó Dimas.

«Desde el Ministerio se han comprometido a estudiar en profundidad y con urgencia el problema y a elaborar el correspondiente informe. Ellos mismos confirmaron que los responsables de Paradores ya han dicho que no volverán a actuar en Castillos por el problemón que están viviendo en Lorca. Nos ha tocado ser el experimento pero estamos dispuestos a todo porque queremos un Castillo arreglado y que sea de Lorca y de los lorquinos, no que sea de terceros y además se haya regalado gratuitamente», apuntaban Guerao y Dimas.

Hermetismo municipal

Además de reunirse con la Administración Central, la asociación también se ha reunido con responsables de Cultura de la Comunidad Autónoma, por lo que se muestran molestos con «el hermetismo municipal» y con el hecho de que el alcalde, Leoncio Collado, no haya contestado aún a la petición de entrevista. «Ya ha dicho dos veces en los medios de comunicación que no tiene problemas en reunirse, pero a nosotros no nos han dicho ni lugar ni hora, y presentamos la petición el 4 de septiembre», dice Guerao.

El presidente se muestra bastante optimista sobre la labor de la asociación. «La prueba es que en el nuevo proyecto del segundo módulo ya se rebaja una planta y en lo ya construido se anunció el rebaje de una altura. Hemos empezado a tirar el parador porque se están realizando excavaciones a la ligera y si no lo evitamos se seguirá destruyendo historia».


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martes

Los promotores de Lo Poyo se oponen a los planes de Medio Ambiente

REGIÓN 26 sept

REGIÓN MURCIA
Los promotores de Lo Poyo se oponen a los planes de Medio Ambiente
Los propietarios tachan de «absurda» una nueva evaluación ambiental Un miembro de la 'trama vasca' relacionada con Roca solicitó al Ayuntamiento que desatendiera las alegaciones de Anse al proyecto
Los promotores de Lo Poyo se oponen a los planes de Medio Ambiente
PROCESO. Roca, en una de sus comparecencias ante el juez./EFE

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La decisión del consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, de someter al proyecto de recalificación y urbanización de Lo Poyo a una nueva declaración de impacto ambiental, cuenta con la oposición de los propietarios de los terrenos y promotores de la construcción de unas 5.000 viviendas en este paraje situado junto al Mar Menor.

El empresario guipuzcoano Agustín Aguirre Iguiñiz, en representación de varias de las sociedades propietarias de Lo Poyo, presentó en el Ayuntamiento de Cartagena en diciembre del pasado año un escrito en el que solicitaba que se desestimaran las alegaciones presentadas por la organización ecologista Anse tras la aprobación inicial del proyecto, realizada en febrero del 2005, por considerarlas «carentes de fundamento alguno».

En este escrito de alegaciones, Agustín Aguirre rechazaba la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental, trámite que calificaba de «absurdo» e «infundado», a pesar de reconocer que el proyecto aprobado por el consistorio cartagenero introducía modificaciones con respecto al tramitado con anterioridad.

El empresario argumentaba que los cambios realizados en el proyecto respetaban y cumplían con la declaración de impacto ambiental sobre Lo Poyo aprobada por la Consejería de Medio Ambiente en enero del 2005, por entonces dirigida por Francisco Marqués.

Cambios sustanciales

En cambio, los actuales responsables de la Consejería opinan ahora que las modificaciones acometidas en el proyecto son «sustanciales», por lo que es necesario una nueva evaluación ambiental, según indicó a La Verdad el secretario autonómico de Desarrollo Sostenible, Joaquín Segado.

Agustín Aguirre comparte la propiedad de numerosas sociedades, entre ellas las propietarias de Lo Poyo, con Francisco Javier Arteche y Luis María Maya, empresarios relacionados con Roca y que son citados en la documentación incautada al ex asesor urbanístico de Marbella.

Aguirre, Arteche y Maya forman parte de lo que se ha dado en llamar la trama vasca dentro de las pesquisas policiales de la operación Malaya, a causa de las relaciones de estos empresarios guipuzcoanos con otras sociedades y supuestos testaferros de Juan Antonio Roca.

En su escrito al Ayuntamiento, Aguirre indicaba que la propuesta de Anse de realizar una nueva evaluación ambiental del proyecto «sólo tiene por objeto prolongar el procedimiento de toma de decisiones para hacerlo interminable».


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Carrera contrarreloj de los promotores para saltarse el Código de la Edificación


La Opinión. Edición Digital

MARTES 26, SEPTIEMBRE DE 2006

Carrera contrarreloj de los promotores para saltarse el Código de la Edificación


Apremian a los técnicos para pedir su licencia esta semana antes de que la norma entre en vigor y les obligue a poner paneles solares



La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, que obligará a poner placas solares en todos los edificios y viviendas de nueva construcción, ha desbordado totalmente a los arquitectos murcianos. Las promotoras quieren ahorrarse las instalaciones necesarias para que las viviendas puedan aprovechar de la luz solar y ahorrar energía y agua tratando de llegar a pedir la licencia a las ventanillas de los ayuntamientos antes de la nueva normativa esté en vigor, a partir del próximo sábado. Durante las últimas semanas, los empresarios vienen presionando a los técnicos para que aceleren al máximo el visado de sus proyectos de obras, obligando al Colegio de Arquitectos a multiplicar el número de profesionales destinados a realizar esta tarea.
El decano del Colegio, Francisco Camino, explicó ayer que el número de proyectos que se presentaban en las oficinas de esta institución puede haber pasado de una media de 15 solicitudes diarias a unas 200, desbordando totalmente la capacidad de los técnicos para tramitarlas antes de que expire el plazo fijado en la nueva Ley.
Aunque el Código de la Edificación entró en vigor en marzo, la aplicación de las normas que regularán las instalaciones destinadas al aprovechamiento energético se aplazó seis meses, con el fin de dar tiempo a las empresas a adaptarse. Sin embargo, muchos promotores han aprovechado este plazo para acelerar sus proyectos, tratando de sortear la norma.
Estos supone, según la estimaciones de Francisco Camino, que tendrán que pasar más de tres años para que los compradores empiecen a recibir viviendas adaptadas a la nueva ley. A su juicio, estos intentos de eludir la nueva normativa "no responde tanto al intento de ahorrar el coste de las nuevas instalaciones", cifrado en torno al 5 por ciento, sino "al temor a lo desconocido. No buscan tanto el ahorro, como el hacer las cosas como las saben hacer", precisó.
Por su parte, el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero, dijo que el Código "mejora la calidad y la seguridad del edificio, por lo que es un coste que todos los consumidores estarán dispuestos a pagar".

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sábado

Un jurista sin ninguna adscripción profesional, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia

03:02 Sábado, 16 de septiembre de 2006

ESPAÑA

Un jurista sin ninguna adscripción profesional, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia

Vidal Coy

Viernes, 15 de septiembre de 2006


Un jurista sin adscripción a ninguna asociación profesional y de independencia garantizada, es decir, sin ataduras morales ni personales con el establishment inmobiliario, José María Alcázar, será el nuevo fiscal anticorrupción en Murcia, nombramiento que se hará efectivo el próximo martes, en la reunión del Pleno del Consejo Fiscal, según fuentes jurídicas.

Al margen de los casos acumulados y en tramitación que lleva el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, probablemente la primera tarea específica del nuevo fiscal anticorrupción será la de investigar un asunto que el PSOE le pondrá sobre la mesa y que será el caso político por excelencia, conectado con la administración y la trama marbellí de la ‘Operación Malaya’: la recalificación y el proyecto de urbanización de la finca Lo Poyo.

Con esa finca, la última zona virgen en la ribera sur del Mar Menor y lindante con un espacio protegido del mismo nombre, en el que se pretende construir un complejo turístico-hotelero con al menos 7.000 viviendas, aparecen históricamente relacionados directa e indirectamente una pléyade de personajes políticos y negociantes digna de la mejor crónica de sociedad.

Así, figuran en primer plano un diputado nacional, Andrés José Ayala, ex abogado urbanista e íntimo de Federico Trilllo-Figueroa Martínez-Conde, ex ministro de Defensa; Tomás Olivo, promotor/constructor cartagenero emigrado a Marbella, donde es, ha sido y seguramente seguirá siendo socio de Juan Antonio Roca, el otro cartagenero factótum de las irregularidades desencadenantes de la ‘Operación Malaya’; un empresario vasco, Javier Arteche, apoderado representante de un conglomerado de empresas que ha reactivado la recalificación de los terrenos de Lo Poyo, tras comprarlos a principios de 2004 por 213 millones de euros, según el valor de compra declarado.

Otra de las entidades íntimamente relacionadas con el asunto es la promotora inmobiliaria alicantina Hansa Urbana, mayoritariamente propiedad de la familia encabezada por Juan Rafael Galea, con participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (Grupo Bancaja), cuyo director territorial para Murcia, Francisco Javier Guillamón, aparece en lugar destacado en todos los actos públicos de la inmobiliaria.

El caso es que, históricamente, la finca Lo Poyo fue recalificada inicialmente por la Consejería de Política Territorial de Murcia, siendo su secretario general el cartagenero Andrés José Ayala, antiguo abogado de la familia propietaria, los Armengol, que, naturalmente, se abstuvo en el expediente finalizado en junio de 2006, apenas un año después de que Ayala ocupara su despacho oficial. Un despacho en el que, curiosamente, encima de la mesa, tenía en lugar bien visible una foto del también cartagenero Federico Trillo, aunque el secretario general de la Consejería “presumía” entonces de no estar afiliado al Partido Popular y de ser un “técnico”.

Antes de dar el salto definitivo a la política, desde la Secretaría General citada, afiliándose al PP y siendo elegido diputado nacional en el 2000, Ayala fue un prestigioso abogado urbanista cartagenero que compartía negocios con el arquitecto Rafael Amat Tudurí —que luego fue director general en Defensa con Federico Trillo y se arregló un ‘pisito’ en el Ministerio con dinero público— y trabajó hasta mediados de los noventa para el promotor Tomás Olivo, que tiene grandes operaciones inmobiliarias en Cartagena desde antes de trasladarse a Marbella para operar con otro paisano cartagenero: Juan Antonio Roca.

Las protestas de los ecologistas de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y sus acciones judiciales llevaron a la sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia a anular en el verano del año 2000, el procedimiento de reclasificación de Lo Poyo emprendido por el ayuntamiento de Cartagena a principios de los años 90, tras cuatro años de litigios desde la aprobación de la Consejería cuyo secretario general era Ayala.

A vueltas con la reclasificación

La familia Armengol vio frustrada de esta forma la pretendida venta de la finca Lo Poyo por esa anulación del expediente municipal de reclasificación. Y el expediente pareció quedar durmiendo el sueño de los justos.

No obstante, según fuentes conocedoras del asunto, los Armengol han seguido ofreciendo en el mercado la venta de Lo Poyo, con el gancho de las indudables plusvalías a obtener una vez conseguida la reclasificación de los terrenos, lindantes con un saladar protegido a orillas del Mar Menor.

El problema que se les presentaba era que los posibles compradores pedían garantías de que se iba a realizar la reclasificación y autorización del proyecto para edificar 7.000 viviendas y urbanizar el entorno del saladar. Y las gestiones frustradas con unos y otros posibles compradores se multiplicaron y duraron varios años hasta que dieron fruto.

Porque estaba claro que, además de los propietarios Armengol, había más interesados en sacar el expediente adelante. Por eso, en enero de 2005, la Consejería de Obras Públicas (sustituta de la antigua de Política Territorial) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) favorable para el proyecto de urbanización en la finca Lo Poyo, a instancias del consistorio cartagenero.

Con la notable particularidad de que esa declaración se produjo siete meses antes de que el Ayuntamiento de Cartagena, presidido por la alcaldesa Pilar Barreiro —también perteneciente al círculo próximo de Trillo, Ayala, etc—, otorgara la Aprobación Inicial al proyecto, en septiembre de 2005.

Los socialistas prometen guerra

Es decir, la instancia superior, la Comunidad Autónoma, dio el visto bueno ambiental al proyecto a los pocos meses de producirse la venta de la finca Lo Poyo y unos pocos meses antes de que la instancia menor, el Ayuntamiento de Cartagena, diera el paso que, habitualmente, suele ser previo a la D.I.A., la Aprobación Inicial.

El Partido Socialista en Murcia ha asegurado este verano que tiene información suficiente para plantear el tema ante la Fiscalía. De hecho, la portavoz Teresa Rosique contestó duramente al diputado nacional Andrés Ayala cuando éste criticó al ahora dimitido alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, tras descubrirse conexiones de la ‘Operación Malaya’ (Roca, Olivo) en su municipio marmenorense.

El inminente nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción puede precipitar las acciones de unos y otros, estiman los conocedores del asunto, con la implicación de algún ‘conseguidor’ profesional muy bien relacionado.

OPINIONES DE LOS LECTORES (2)

2 - ¡Esto marcha muchachotes¡. Me faltan por ver la opinion de aquellos buenos opinantes de la zona murciana en cuanto a gastronomia.¿Que opinan ahora de la buena nueva contra la corrupcion urbis et orbe? El que se frota las manos,primero Solbes y despues Fdez Ordoñez que ya esta con la red "antimedusas murcianas"para enganchar a todos de los billetes de 500 eruos.

  • sanse
  • Invitado
  • 15/09/2006 (18:06 h)

1 - Has dado en la clave. Lo gordo, lo escandaloso, es la trama de Lo Poyo, donde el gobierno regional y la alcaldía de Cartagena han jugado un papel decisivo en los negocios de Roca y Olivo. Andrés Ayala, la Consejería de Obras Públicas y Medio Ambiente, y en última instancia, Ramón Luis Valcárcel. Ojo, porque esto es solo la punta del iceberg. El PP hasta ahora ha jugado al despiste con Juan Escudero, pero se le acabó el tiempo. Escudero ha sido absuelto por 5 veces de las 5 denuncias de Carmen Vigueras (PP). Pero Lo Poyo es mucho Lo Poyo y si no, que alguien responda a esto: ¿Po qué el PP de la Región se niega a abrir una comisión de investigación en la Asamblea para investigar la conexión de Malaya con Murcia como pide el PSOE? ¿Qué temen? ¿qué ocultan? El Fiscal Antcorrupción ya lo sabe.



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Leo Bassi, el artista censurado en Murcia por el Consejero de Cultura